Hoy se reanuda el debate del juicio oral y público por el homicidio de Luis Darío Condorí, ocurrido en Humahuaca durante un enfrentamiento entre pobladores de esa localidad quebradeña y miembros de la organización barrial "Tití" Guerra, por la supuesta posesión de tierras en la finca Vieyra Colorados.
Como se tenía previsto, el Tribunal enjuiciador abrirá los pliegos de preguntas propuestas por la querella, que a través de un cuestionario por escrito, que el entonces fiscal de Estado Alberto Matuk, el entonces ministro de Gobierno y Justicia Oscar Insausti y la dirigente social y actual diputada provincial Milagro Sala, previamente respondieron.
En un primer momento, la propuesta de la querella había sido de citar al estrado a los funcionarios, pedido que no fue dado a lugar por los jueces del Tribunal Penal Nº 3, pero sí se resolvió enviarles un formulario de preguntas que hacían alusión al hecho puntual del asesinato de Condorí, tras un intento de tomas de tierras en la localidad de Humahuaca el 5 de septiembre de 2012.
La audiencia tendrá lugar a partir de las 10 en la sala del tercer piso del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Palacio de Tribunales.
El extenso juicio está llegando a su etapa final y hay mucha expectativa sobre la sentencia que pueda llegar a darse en la lectura de los alegatos.
Cabe recordar que son dos los expedientes que giran alrededor del juicio, uno de ellos el Nº 141/ 2013, donde los procesados Marco Guerra y Moisés Lavayén están acusados como presuntos "coautores responsables del delito de homicidio simple" y Miguel Guerra, como presunto "partícipe secundario en el delito de homicidio simple". Hecho ocurrido del 5 de septiembre del año 2012.
En el otro expediente, que lleva el número 07/ 2014, Marco Guerra se encuentra acusado como presunto "coautor responsable del delito de robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad agravado, perturbación del ejercicio de las funciones públicas, daños y autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma".
El hecho ocurrió el día 17 de agosto del 2011 en el Concejo Deliberante, donde el entonces empleado de prensa Roberto Ocampo habría sido despojado de sus elementos de trabajo.
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Hoy se reanuda el debate del juicio oral y público por el homicidio de Luis Darío Condorí, ocurrido en Humahuaca durante un enfrentamiento entre pobladores de esa localidad quebradeña y miembros de la organización barrial "Tití" Guerra, por la supuesta posesión de tierras en la finca Vieyra Colorados.
Como se tenía previsto, el Tribunal enjuiciador abrirá los pliegos de preguntas propuestas por la querella, que a través de un cuestionario por escrito, que el entonces fiscal de Estado Alberto Matuk, el entonces ministro de Gobierno y Justicia Oscar Insausti y la dirigente social y actual diputada provincial Milagro Sala, previamente respondieron.
En un primer momento, la propuesta de la querella había sido de citar al estrado a los funcionarios, pedido que no fue dado a lugar por los jueces del Tribunal Penal Nº 3, pero sí se resolvió enviarles un formulario de preguntas que hacían alusión al hecho puntual del asesinato de Condorí, tras un intento de tomas de tierras en la localidad de Humahuaca el 5 de septiembre de 2012.
La audiencia tendrá lugar a partir de las 10 en la sala del tercer piso del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Palacio de Tribunales.
El extenso juicio está llegando a su etapa final y hay mucha expectativa sobre la sentencia que pueda llegar a darse en la lectura de los alegatos.
Cabe recordar que son dos los expedientes que giran alrededor del juicio, uno de ellos el Nº 141/ 2013, donde los procesados Marco Guerra y Moisés Lavayén están acusados como presuntos "coautores responsables del delito de homicidio simple" y Miguel Guerra, como presunto "partícipe secundario en el delito de homicidio simple". Hecho ocurrido del 5 de septiembre del año 2012.
En el otro expediente, que lleva el número 07/ 2014, Marco Guerra se encuentra acusado como presunto "coautor responsable del delito de robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad agravado, perturbación del ejercicio de las funciones públicas, daños y autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma".
El hecho ocurrió el día 17 de agosto del 2011 en el Concejo Deliberante, donde el entonces empleado de prensa Roberto Ocampo habría sido despojado de sus elementos de trabajo.
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