El gobierno de Brasil lanzó ayer un paquete anticorrupción, tras el estallido de un escándalo de sobornos en Petrobras que desató protestas masivas y derrumbó a 13% la popularidad de la presidente Dilma Rousseff.
La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera estatal, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio partido.
En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millones de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) de Rousseff, el gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.
"Somos un gobierno que no cede frente a la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción", dijo la presidente en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad. "Es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", añadió.
Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional "luna de miel" de los gobiernos recién ungidos, obedece a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.
Ayer, el sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. Ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del impeachment (destitución) del entonces presidente Fernando Collor", apuntó el diario Folha de Sao Paulo que publica la encuesta.
Sin tregua
En respuesta a las movilizaciones del domingo, Rousseff planteó el lunes que su gobierno tenía "la obligación de abrir el diálogo".
Ese mismo día, la Fiscalía de la República acusó a Joao Vaccari Neto, tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) por los delitos de corrupción y lavado de dinero que se investigan en la trama de estafas en Petrobras y que movió 4.000 millones de dólares en la última década, según la policía.
Uno de los principales aliados del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño se distanció de la mandataria, liderando una suerte de rebelión que incluye la creación de una comisión legislativa para investigar el fraude en la petrolera y el rechazo de una medida de ajuste fiscal para reencauzar las abultadas cuentas púbicas.
Según la encuesta Datafolha, la popularidad de Rousseff se deterioró en todos los segmentos sociales, e incluso cayó en zonas donde el PT es más fuerte.
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El gobierno de Brasil lanzó ayer un paquete anticorrupción, tras el estallido de un escándalo de sobornos en Petrobras que desató protestas masivas y derrumbó a 13% la popularidad de la presidente Dilma Rousseff.
La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera estatal, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio partido.
En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millones de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) de Rousseff, el gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.
"Somos un gobierno que no cede frente a la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción", dijo la presidente en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad. "Es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", añadió.
Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en octubre, y la falta de la tradicional "luna de miel" de los gobiernos recién ungidos, obedece a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a un aislamiento de la mandataria.
Ayer, el sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. Ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del impeachment (destitución) del entonces presidente Fernando Collor", apuntó el diario Folha de Sao Paulo que publica la encuesta.
Sin tregua
En respuesta a las movilizaciones del domingo, Rousseff planteó el lunes que su gobierno tenía "la obligación de abrir el diálogo".
Ese mismo día, la Fiscalía de la República acusó a Joao Vaccari Neto, tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) por los delitos de corrupción y lavado de dinero que se investigan en la trama de estafas en Petrobras y que movió 4.000 millones de dólares en la última década, según la policía.
Uno de los principales aliados del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño se distanció de la mandataria, liderando una suerte de rebelión que incluye la creación de una comisión legislativa para investigar el fraude en la petrolera y el rechazo de una medida de ajuste fiscal para reencauzar las abultadas cuentas púbicas.
Según la encuesta Datafolha, la popularidad de Rousseff se deterioró en todos los segmentos sociales, e incluso cayó en zonas donde el PT es más fuerte.
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