La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ayer la medida cautelar que suspendió la designación de 16 fiscales designados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Lo hizo el Tribunal en el marco de una acción de amparo iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y luego de una serie de fallos en primera instancia en ese sentido.
Los camaristas Jorge Moran, Marcelo Duffy y Rogelio Vicenti coincidieron en que el juez de primera instancia "explicó de modo suficiente las razones" de la suspensión de los nombramientos, los cuales iban a ocupar cargos claves en distintos fueros penales donde se definen causas por corrupción sensibles para el Gobierno.
Según indicó la Cámara, la decisión de la Procuración General de la Nación fue en "ausencia de jurisdicción para controlar la validez de los actos realizados por el Ministerio Público Fiscal",y se trató de un "avasallamiento de su autonomía funcional reconocida por el artículo 120 de la Constitución Nacional".
En ese sentido, explicaron que la Procuración General "no rebate los argumentos por los cuales el juez tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la actora y la alegada ilegitimidad de los actos impugnados".
El fallo de primera instancia había sido dictado por el juez Esteban Furnari para quien recién se podrían haber hecho los nombramientos de entrar en vigencia las nuevas leyes necesarias para la implementación del recientemente sancionado Código Procesal Penal.
El Código prevé un sistema acusatorio con darle mayor poder a los fiscales y, en ese sentido, prevé la creación de una gran cantidad de fiscalías a nivel nacional, algo en lo que la procuradora se apoyo para designar a unos 16 subrogantes sin previo concurso.
En ese sentido, los camaristas sostuvieron que los pasos a seguir deberían ser la de "creación por ley; previsión presupuestaria; selección de sus titulares; y, finalmente, habilitación por el órgano competente".
Los nombramientos fueron hechos por la procuradora general de la Nación, Gils Carbó el pasado 30 de diciembre, a punto de comenzar la feria judicial de verano, y hubo varios planteos judiciales para suspenderlos, lo que finalmente se logró.
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La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ayer la medida cautelar que suspendió la designación de 16 fiscales designados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Lo hizo el Tribunal en el marco de una acción de amparo iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y luego de una serie de fallos en primera instancia en ese sentido.
Los camaristas Jorge Moran, Marcelo Duffy y Rogelio Vicenti coincidieron en que el juez de primera instancia "explicó de modo suficiente las razones" de la suspensión de los nombramientos, los cuales iban a ocupar cargos claves en distintos fueros penales donde se definen causas por corrupción sensibles para el Gobierno.
Según indicó la Cámara, la decisión de la Procuración General de la Nación fue en "ausencia de jurisdicción para controlar la validez de los actos realizados por el Ministerio Público Fiscal",y se trató de un "avasallamiento de su autonomía funcional reconocida por el artículo 120 de la Constitución Nacional".
En ese sentido, explicaron que la Procuración General "no rebate los argumentos por los cuales el juez tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la actora y la alegada ilegitimidad de los actos impugnados".
El fallo de primera instancia había sido dictado por el juez Esteban Furnari para quien recién se podrían haber hecho los nombramientos de entrar en vigencia las nuevas leyes necesarias para la implementación del recientemente sancionado Código Procesal Penal.
El Código prevé un sistema acusatorio con darle mayor poder a los fiscales y, en ese sentido, prevé la creación de una gran cantidad de fiscalías a nivel nacional, algo en lo que la procuradora se apoyo para designar a unos 16 subrogantes sin previo concurso.
En ese sentido, los camaristas sostuvieron que los pasos a seguir deberían ser la de "creación por ley; previsión presupuestaria; selección de sus titulares; y, finalmente, habilitación por el órgano competente".
Los nombramientos fueron hechos por la procuradora general de la Nación, Gils Carbó el pasado 30 de diciembre, a punto de comenzar la feria judicial de verano, y hubo varios planteos judiciales para suspenderlos, lo que finalmente se logró.
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