Señor director:
Leí días atrás la carta de unos docentes pidiendo internet para las comunidades de la Quebrada de Humahuaca, aclarando que debía ser de buena conectividad y a precios módicos. Ahora bien, el pedido me parece muy razonable, pero hay una cuestión que debe tenerse en cuenta sobre este tema y es el constante rechazo de ciertas comunidades que se dicen aborígenes que impiden la realización de obras, como la instalación de fibra óptica por las tierras que ocupan. Es corriente ver sus planteos en los medios en los que se oponen a todo, pero exigen todo. Hacen denuncias a defensorías y organismos de derechos humanos y hasta internacionales diciendo que no los consultan. Entonces, primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos si quieren que llegue el progreso y no poner palos a la rueda.
Si quieren internet deben permitir la instalación de fibra óptica, no hay otra. Y si se oponen que se banquen estar aislados del mundo.
Creo conveniente señalar que los originarios, algunos felizmente, sobre todo los que se ponen el título de dirigentes, creen que son ciudadanos con otro estatus y se equivocan porque todos somos iguales ante la ley, nativos o "cara pálida" tenemos los mismos derechos. Aclarado esto considero que deben pagar lo que cueste el servicio como cualquier hijo de vecino. Dicen que son orgullosos y hasta algunos soberbios al punto de pretender que les pidan permiso para rendir culto a la Pachamama, reniegan del sistema, pero a la hora de obtener cosas de arriba recurren al Estado que tanto critican y hasta desconocen, para que los banque. Y ese Estado está conformado por todos, como debe ser.
Para finalizar, otra cuestión que me inquieta tiene que ver con que algunos "loquitos" quieren hacer en Jujuy lo mismo que se hizo en Bolivia con las tierras, esto es que se las quitaron a los que tienen títulos, porque como no son aborígenes desconocen sus derechos. He llegado a escuchar que los "cara pálida" no tienen derecho a tener tierras, sólo pueden comprar alguna propiedad en las ciudades, si esto llega a ser cierto, la clase política y dirigencial argentina tiene que estar atenta, no vaya a ser que pretendan hacer lo mismo en nuestro país donde las cosas son diferentes: todos somos iguales ante la ley y por ende, tenemos los mismos derechos.
Juan Alberto González
Barrio Cuyaya
