El Prober tiene impacto simultáneo en las dos naciones. Sirve al estrechamiento de lazos con el país vecino en una zona de frontera que es reservorio de recursos energéticos, hoy fundamentales en su aporte a la matriz energética nacional (Acuerdos de Sucre firmados por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales en marzo de 2010).
Además de la cuestión energética, deben destacarse otros aspectos, como por ejemplo que la cuenca es una región con los más altos índices de vulnerabilidad social de Argentina (NBI, mortalidad infantil, desocupación); las obras de aprovechamiento hidroeléctrico y canalización, contribuirán a una expansión de la frontera agropecuaria, con la incorporación de aproximadamente dos millones de hectáreas, con impacto en la ocupación productiva y sustentable del suelo, el empleo, la disminución de la vulnerabilidad social y más ingresos fiscales. Otros aspectos de importancia son la reversión de procesos negativos, tanto humanos (emigraciones y abandono del territorio), como físicos (erosión, desertificación, catástrofes, por inundaciones, aludes, como el caso de Tartagal; y también se mitigaría el transporte de sedimentos que el Bermejo descarta en el río Paraguay y éste en el sistema Paraná-río de la Plata, impactando en el costo de mantenimiento de la navegabilidad de accesos a los puertos del sistema.
La primera etapa del Prober, para la que se busca financiamiento, tiene como áreas estratégicas la consolidación institucional para la planificación y gestión integral de la Cuenca del río Bermejo, incluyendo asistencia técnica; aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; reducción de vulnerabilidades a través de la gestión integrada de recursos y participación social para la planificación y gestión integrada de la cuenca, que hacen 91.500.000 dólares de inversión.
En la segunda etapa, con inicio previsto en el 2014, abarca grandes obras de infraestructura, incluyendo la evaluación de su impacto ambiental y social. También se materializaría la expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de los procesos de institucionalización y participación. Las inversiones de esta etapa son del orden de los 900 millones de dólares, y entre otras obras se prevén tres represas binacionales, infraestructura de conducción, provisión de agua potable y riego, y control de la erosión e inundaciones.
