El Gobierno nacional oficializó la decisión de no renovar los contratos de los empleados públicos que no hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una prueba implementada para medir la idoneidad del personal estatal. La medida, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2025, afectará a trabajadores en relación de dependencia transitoria dentro de la administración pública y organismos descentralizados.
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El Gobierno nacional oficializó la decisión de no renovar los contratos de los empleados públicos que no hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una prueba implementada para medir la idoneidad del personal estatal. La medida, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2025, afectará a trabajadores en relación de dependencia transitoria dentro de la administración pública y organismos descentralizados.
La disposición fue formalizada mediante la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece que solo podrán ser contratados o renovados aquellos empleados que hayan superado la evaluación. La normativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, apunta a "profesionalizar y optimizar" el funcionamiento del sector público.
¿A quiénes afecta?
La medida alcanza a:
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Funcionarios de la administración nacional y organismos descentralizados.
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Empresas y sociedades del Estado.
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Entes públicos con autarquía financiera.
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Fondos fiduciarios.
Según el texto legal, los contratos vigentes posteriores al 30 de junio de 2025 quedarán sin efecto si el empleado no aprobó el examen. Además, se instó a las empresas con participación estatal mayoritaria a adoptar criterios similares.
Altos índices de aprobación
A fines de 2024, alrededor de 40.000 empleados transitorios rindieron la evaluación. Según datos proporcionados por Sturzenegger, el 95% de los evaluados logró aprobar. Sin embargo, quienes no lo hicieron deberán dejar sus puestos en el segundo semestre de 2025.
El Gobierno sostiene que la medida busca "garantizar que los trabajadores estatales cuenten con las competencias necesarias" para sus funciones, en línea con el proceso de reforma del Estado. La decisión ha generado reacciones encontradas, con defensores que la consideran un avance en la meritocracia y críticos que cuestionan su impacto laboral.
Mientras se acerca la fecha de implementación, las áreas afectadas deberán ajustar sus procesos de contratación para cumplir con la nueva normativa.