El Gobierno nacional ordenó la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) luego de que auditorías detectaran múltiples irregularidades en su gestión. La medida, formalizada a través del Decreto 234/2025, fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
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El Gobierno nacional ordenó la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) luego de que auditorías detectaran múltiples irregularidades en su gestión. La medida, formalizada a través del Decreto 234/2025, fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El fondo, creado en 1999 para financiar obras de infraestructura eléctrica —especialmente en alta tensión—, tenía como objetivo mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento energético en el país. Sin embargo, informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía revelaron graves deficiencias en su operación.
Las irregularidades detectadas
Entre los principales hallazgos, se destacan:
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Falta de manuales o procedimientos claros para las operatorias del fondo.
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Ausencia de un sistema integral de gestión financiera, lo que impedía un control adecuado de los recursos.
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Incumplimiento de normativas de contratación, incluyendo demoras en obras que generaron sobrecostos.
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Aumento injustificado de personal asignado al fondo.
El informe de la SIGEN señaló que estas fallas vulneraban el Reglamento de Contrataciones CAF y afectaban la transparencia en el uso de los fondos, que provenían del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
El fin de un fondo clave
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo da por terminada la existencia del FFTEF, cuyas funciones quedan ahora bajo la órbita directa del Estado. La medida se enmarca en una serie de auditorías impulsadas por el Gobierno para revisar la gestión de fondos públicos.
Mientras las autoridades evalúan cómo reasignar los proyectos en marcha, el caso reaviva el debate sobre la necesidad de mayores controles en la administración de recursos destinados a infraestructura crítica.
