Después de ordenar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, la Justicia ahora evalúa avanzar sobre una propiedad clave: el departamento de San José 1111, en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria. El inmueble, ubicado en el barrio porteño de Constitución, integra el nuevo listado que preparan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para presentar ante el tribunal.
En esta segunda etapa del proceso, los fiscales apuntan a propiedades registradas a nombre de sociedades anónimas vinculadas a los imputados, luego de haber priorizado inicialmente los bienes directamente inscriptos a nombre de los condenados. En ese marco aparece el departamento comprado en 2010 por la familia Kirchner por unos US$370 mil, aunque figura bajo la titularidad de Hotesur, una de las sociedades investigadas por lavado de dinero.
La defensa de la expresidenta sostiene que el departamento no puede ser incautado debido a que fue cedido a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes además son propietarios del hotel Los Sauces, otro de los bienes incluidos en el decomiso. Sin embargo, los fiscales plantean que la propiedad fue adquirida con fondos provenientes de maniobras de corrupción, por lo que sería susceptible de decomiso bajo los criterios del fallo condenatorio.
Tras la resolución del Tribunal Oral Federal N°2, los bienes decomisados quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá ahora inventariarlos, tasarlos y definir su destino. El proceso podría extenderse durante varios meses y recaerá en los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En esta instancia, la Corte deberá determinar si los bienes —entre ellos el hotel Los Sauces, valuado en aproximadamente US$15 millones— serán reutilizados con fines sociales o subastados. Los hijos de la expresidenta podrían presentar recursos o amparos que dilaten los plazos.
El fallo que ordenó el decomiso remarcó que las personas condenadas en la causa resultaron “beneficiarias de los efectos del delito”, y que, por lo tanto, corresponde impedir que “la conducta ilícita rinda beneficios”, un principio histórico del sistema penal argentino.
La resolución también citó los compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan al Estado a recuperar activos vinculados a hechos de corrupción.
Con el avance sobre el departamento de San José 1111, la Justicia abre una nueva fase del proceso de recuperación de bienes que podría involucrar nuevas propiedades bajo sociedades vinculadas a los condenados. Mientras los fiscales afinan el próximo listado, la defensa prepara sus argumentos y la Corte se encamina a tomar decisiones de alto impacto político y judicial.
