Los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) llevaron adelante la segunda jornada del paro de 48 horas definido por su asamblea, en el marco del plan de lucha que busca visibilizar la crisis del sector. La medida incluyó retención de tareas en hospitales y reparticiones públicas, y una concentración frente a Casa de Gobierno, donde reclamaron ayer salarios dignos, mejoras en las condiciones laborales y una convocatoria urgente al diálogo por parte del Ejecutivo provincial.
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Los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) llevaron adelante la segunda jornada del paro de 48 horas definido por su asamblea, en el marco del plan de lucha que busca visibilizar la crisis del sector. La medida incluyó retención de tareas en hospitales y reparticiones públicas, y una concentración frente a Casa de Gobierno, donde reclamaron ayer salarios dignos, mejoras en las condiciones laborales y una convocatoria urgente al diálogo por parte del Ejecutivo provincial.
El gremio de profesionales de la administración pública denunció el deterioro del poder adquisitivo de un 135% en siete años.
Desde Apuap advirtieron que la situación crítica que atraviesan los profesionales afecta de manera directa a la población, que encuentra cada vez más trabas para acceder a una atención oportuna y de calidad en el sistema público de salud y en otros servicios estatales.
En ese sentido, el secretario general de Apuap, Nicolás Fernández, manifestó a los medios de comunicación que "se llevó adelante la segunda jornada de este reclamo de 48 horas; estuvimos en los hospitales y reparticiones, en cada lugar de trabajo. Hoy (por ayer) nos toca aquí frente a Casa de Gobierno. Nos preocupa la falta de convocatoria por parte del Ejecutivo provincial. Ya hemos ingresado un nuevo pedido de audiencia, es el quinto que hemos realizado en lo que va de su mandato y no respondió ninguno".
El dirigente gremial también remarcó que presentaron una solicitud al ministro de Hacienda, Federico Cardozo, para reanudar las paritarias. "Nos preocupa que no nos llamen porque hemos escuchado al gobernador Sadir decir que su gobierno escucha a la gente y resuelve los reclamos, pero eso no sucede", sostuvo el dirigente.
Fernández trazó un panorama crítico de los últimos años en la administración pública. "Cuando empezó la gestión en 2016, con el gobernador Morales, teníamos 5.600 profesionales en una masa de 80 mil trabajadores públicos. Hoy hay 95 mil trabajadores públicos y apenas 4.800 profesionales. Hemos perdido 800 cargos profesionales en diez años, se ha desprofesionalizado la administración pública. Esto genera sobrecarga de tareas, especialmente en el área de salud, y repercute directamente en la calidad de atención a la población", agregó.
Asimismo, denunció el deterioro del poder adquisitivo del salario, ya que "hemos perdido un 135% en siete años porque la paritaria siempre fue a la baja. Solo una vez logramos empatar o superar la inflación. El Ejecutivo no puede desconocer esta realidad".
Sostienen plan de lucha
La asamblea de Apuap resolvió sostener las medidas hasta obtener una respuesta oficial. "Vamos a esperar a que respondan el pedido de audiencia, pero si no hay convocatoria, la asamblea mandató a la comisión directiva a continuar con las medidas de fuerza", señaló Fernández.
En relación al reciente acuerdo del Ejecutivo con el gremio Amra, el secretario general cuestionó la falta de transparencia. "No hemos podido leer el acuerdo paritario que firmó Amra porque no lo dieron a conocer. Si nos guiamos por las circulares, no hay nada distinto de lo que Apuap rechazó. Entonces lo que se firmó fue el 1,5% de aumento, nada más. O bien se está otorgando mejoras a un grupo reducido por fuera de lo establecido, lo cual sería aún más grave", opinó.
Con un escenario de creciente malestar y sin señales de apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial, los profesionales anticipan que las protestas continuarán en defensa de salarios dignos, estabilidad laboral y una administración pública fortalecida, que garantice los derechos de la ciudadanía.