La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya dejó de ser un asunto lejano para América Latina. Su primer impacto no llega por los misiles, sino por los precios: el petróleo Brent pasó de alrededor de US$70 antes de la ofensiva a tocar la zona de US$101 a fines de marzo; incluso con picos cercanos a US$119 en la fase más aguda del shock. En una región que todavía arrastra inflación, bajo crecimiento y fragilidad social, cada salto del crudo se traduce en combustibles más caros, mayores costos logísticos y, finalmente, alimentos más caros.
El caso más visible es Chile, uno de los mayores importadores de petróleo de América Latina. El gobierno de José Antonio Kast tuvo que desarmar parcialmente su mecanismo de estabilización porque el costo fiscal se volvió insostenible: desde el 26 de marzo, la gasolina de 93 octanos subió 370 pesos por litro y el diésel 580 pesos, lo que en Santiago equivale a aumentos de aproximadamente 30% y 60%, respectivamente. El fondo de estabilización ya costaba unos US$140 millones por semana y podría haber llegado a US$160 millones si el Estado seguía absorbiendo el shock; el golpe al combustible ya provocó protestas y desgaste político apenas dos semanas después de que Kast asumiera.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei eligió una estrategia distinta: amortiguar el traslado pleno del shock internacional mientras intenta no perder el relato de la desinflación. La nafta acumuló un aumento de alrededor de 15% desde fines de febrero, pero el gobierno postergó una suba impositiva, relajó estándares de calidad del combustible e YPF aplicó un "buffer" de 45 días para moderar el impacto sobre los hogares. A eso se sumó una medida específica para abaratar la mezcla: la Secretaría de Energía habilitó elevar voluntariamente el corte de etanol en naftas hasta 15%, con el objetivo explícito de reducir costos internos frente al shock petrolero. Es decir, la administración está usando a la petrolera estatal y a la bioenergía como amortiguadores políticos para evitar que el salto del crudo se traslade de lleno a la inflación y, por esa vía, a los alimentos.
Brasil aparece mejor parado, pero no inmune. Su vieja apuesta por el etanol de caña lo protegió parcialmente: la gasolina subió apenas 5% en marzo, mientras el país cuenta con una cosecha récord de 30.000 millones de litros de etanol y una flota masiva de vehículos flex (automóviles diseñados con motores capaces de funcionar con gasolina, etanol (alcohol) o cualquier mezcla de ambos en el mismo tanque). Sin embargo, el problema brasileño está en el diésel, porque el país todavía importa entre 20% y 30% de lo que consume, y en marzo ya encareció más de 20%. En cuanto al campo, algunos productores reportaban subas de 1 a 1,5 reales por litro, y el alza golpeó justo en plena cosecha de soja y siembra de maíz. Con gran preocupación, la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul, advirtió que la guerra encarece diésel y fertilizantes reduciendo la rentabilidad de la soja y del maíz. En otras palabras: aunque Brasil exporta petróleo y tenga biocombustibles, el encarecimiento del diésel pega directamente sobre el sector de agronegocios.
A esto se suma el impacto en la fabricación de los fertilizantes, lo que depende en gran medida del gas natural (70% de sus costos) y tiene al escenario en conflicto como uno de sus principales polos productivos. En ese esquema, el estrecho de Ormuz cumple un rol estratégico: por allí circula cerca de un tercio del comercio global de fertilizantes y alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado. Las interrupciones en esa vía, sumadas a ataques sobre instalaciones energéticas, ya derivaron en recortes de producción y cierre de plantas. El resultado es un mercado más ajustado en un contexto de alta demanda. A nivel global, la oferta de urea (el fertilizante nitrogenado más utilizado) ya venía limitada por restricciones de exportación en China y menor producción en Europa. Con la guerra, la tensión se profundizó.
La foto regional es, por lo tanto, muy desigual; es una lección incómoda para toda la región: el Medio Oriente puede estar lejos, pero los hidrocarburos vuelven a demostrar que el precio de la geopolítica se paga en las estaciones de servicio, en el flete y en las góndolas. En general, desde México hasta el Cono Sur, esta guerra vuelve a exponer una debilidad estructural de América Latina: su alta dependencia de factores externos. México, aunque productor de petróleo, enfrenta tensiones fiscales y en precios internos; Centroamérica, altamente dependiente de la importación de combustibles, sufre de manera directa el impacto en transporte, alimentos y costo de vida; mientras que en Sudamérica la situación es heterogénea, con países parcialmente amortiguados por biocombustibles y otros más expuestos por su dependencia energética. El caso de Venezuela es, quizás, el más paradójico de la región. Como uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, la suba del crudo producto de la guerra debería representar una oportunidad económica. De hecho, sus exportaciones superaron recientemente el millón de barriles diarios, impulsadas por acuerdos puntuales y flexibilizaciones parciales en el esquema de sanciones. Sin embargo, el país enfrenta una limitación estructural: su industria petrolera está profundamente deteriorada por años de mala gestión, falta de inversión y sanciones internacionales, lo que le impide capitalizar plenamente los precios altos.
Si algo positivo puede emerger -aunque siempre de manera relativa y no deseable- es que este shock externo puede acelerar decisiones que la región viene postergando. Países productores como Brasil, Argentina, Colombia o Guyana pueden capturar mayores ingresos por exportaciones energéticas en el corto plazo; el encarecimiento del petróleo vuelve más competitivos los biocombustibles (etanol y biodiésel) y abre margen para expandir su producción; y la volatilidad global refuerza el valor estratégico de recursos que América Latina posee en abundancia, como litio, cobre y energías renovables. Al mismo tiempo, la crisis puede actuar como catalizador para invertir en infraestructura energética y seguridad de abastecimiento, temas históricamente relegados. En otras palabras, la guerra no es una oportunidad en sí misma, pero sí puede funcionar como un recordatorio brutal de que los países que logran transformar los shocks externos en políticas de largo plazo son los que finalmente convierten la vulnerabilidad en ventaja.
Lo más preocupante es que esto recién empieza; si la guerra se prolonga y continúa tensionando el Estrecho de Ormuz, el efecto sobre América Latina podría ser más severo: más inflación, más malestar social, más presión fiscal y más polarización política. Y por eso mismo, la energía, los biocombustibles y la infraestructura ya no son asuntos técnicos: son, cada vez más, una cuestión de soberanía.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).