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16 de Julio,  Jujuy, Argentina
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Descartan una denuncia penal por corrupción

El fiscal anticorrupción desestimó la denuncia del gobernador Morales en contra de una empresa por corrupción y extorsión.

Martes, 27 de marzo de 2018 00:00

El fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana desestimó "por falta de pruebas" una denuncia realizada hace aproximadamente un año por el gobernador de la provincia Gerardo Morales.

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El fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana desestimó "por falta de pruebas" una denuncia realizada hace aproximadamente un año por el gobernador de la provincia Gerardo Morales.

Acompañado del ministro de Infraestructura Jorge Rizzotti denunciaron abiertamente a una empresa constructora local, no sólo de cometer actos de corrupción en contratos de obra pública, sino además de extorsionar a la actual gestión mediante la filtración de un audio en el que quedaba registrado un pedido de coimas.

"El audio del escándalo"

El conocido "audio del escándalo" involucraba al abogado Gastón Baigorria Siufi, quien supuestamente le pedía al propietario de la empresa Inber Construcciones una coima cercana al millón de pesos.

Cabe recordar que en el audio se escucha claramente el intento de pedido de dinero de un supuesto funcionario de un ministerio jujeño hacia un empresario local para hacer desaparecer unos expedientes que estarían siendo revisados por la Oficina Anticorrupción de Jujuy.

Las investigaciones sobre el audio donde un falso funcionario provincial intentó sobornar a un empresario de la construcción de la provincia, se iniciaron como consecuencia de que el mismo a principio de año comenzó a circular en las redes sociales.

Cabe recordar que en el audio Baigorria le habría dicho a Insausti que la Fiscalia Anticorrupción tendría en la mira a los cuatro expedientes de obras contratadas a Inber, situación que no sería real puesto que los expedientes permanecerían en el área de legales del ministerio.

Esto toma de sorpresa al empresario porque en el diálogo sostiene que todas las obras estaban en orden y que incluso algunas el Gobierno las había pagado.

Dictamen del fiscal

Joaquín Millón Quintana concluyó - en un dictamen de 22 páginas- que no había elementos para poner en dudas la realización de la obra, por lo que no cabría la aplicación del artículo 19 de la Ley 5.885, esto es, la realización de una denuncia penal por parte de la Oficina Anticorrupción contra la empresa Inber.

Millón Quintana recomendó al ministro de Infraestructura que inicie un sumario administrativo contra los encargados de realizar el estudio sobre la obra, que luego daría lugar a una resolución del secretario de Infraestructura, Pablo Civetta.

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