Miembros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y de Carabineros se enfrentaron ayer en el centro de Santiago, cuando los primeros realizaban desde la mañana una marcha, no autorizada por el Gobierno, en rechazo al proyecto de ley de reforma de la educación superior enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Sin la autorización para marchar, los estudiantes decidieron protestar ayer en varios puntos de Santiago, concentrados en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, fuertemente resguardado por las fuerzas de la Policía chilena.
En varias escaramuzas, lograron detener por algunos minutos el tránsito en la céntrica avenida Alameda, restablecido al poco rato por la Policía con ayuda de chorros de agua y gas lacrimógeno.
"Salimos a las calles nuevamente! La educación chilena no se vende, se defiende!", cantaron grupos de estudiantes en el frontis del palacio de Gobierno, un día después de que la presidente Michelle Bachelet enviara al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación universitaria cuyo contenido decepcionó tanto a estudiantes como rectores universitarios.
"Seguiremos en la calles. El proyecto que mandó la presidenta es malo y van a pasar muchos años para que los estudiantes estudiemos todos gratis", comentó Alejandra, una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que se manifestaba.
Discusión futura
La ley enviada el lunes al congreso por Bachelet consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final de su mandato (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas, lejos de la profunda reforma del sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet (1973-1990) a la que aspiraban los estudiantes.
La disconformidad se centra en que el proyecto no asegura los recursos para financiar la gratuidad total, pese a que durante el primer año de gobierno de Bachelet se realizó una reforma tributaria destinada a recaudar un poco más de 3% del PIB para destinarla íntegramente a la educación.
Según cálculos realizados ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para establecer la gratuidad total (sobre un universo de un poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar -sobre lo previsto- en cerca de 1,5%, equivalente a unos 4.000 millones de dólares.
"Queda para la sociedad discutir si es que se necesita o no allegar más recursos para una gratuidad total" dijo Valdés, cerrando las puertas a una nueva reforma impositiva.
Sin la autorización para marchar, los estudiantes decidieron protestar ayer en varios puntos de Santiago, concentrados en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, fuertemente resguardado por las fuerzas de la Policía chilena.
En varias escaramuzas, lograron detener por algunos minutos el tránsito en la céntrica avenida Alameda, restablecido al poco rato por la Policía con ayuda de chorros de agua y gas lacrimógeno.
"Salimos a las calles nuevamente! La educación chilena no se vende, se defiende!", cantaron grupos de estudiantes en el frontis del palacio de Gobierno, un día después de que la presidente Michelle Bachelet enviara al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación universitaria cuyo contenido decepcionó tanto a estudiantes como rectores universitarios.
"Seguiremos en la calles. El proyecto que mandó la presidenta es malo y van a pasar muchos años para que los estudiantes estudiemos todos gratis", comentó Alejandra, una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que se manifestaba.
Discusión futura
La ley enviada el lunes al congreso por Bachelet consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final de su mandato (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas, lejos de la profunda reforma del sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet (1973-1990) a la que aspiraban los estudiantes.
La disconformidad se centra en que el proyecto no asegura los recursos para financiar la gratuidad total, pese a que durante el primer año de gobierno de Bachelet se realizó una reforma tributaria destinada a recaudar un poco más de 3% del PIB para destinarla íntegramente a la educación.
Según cálculos realizados ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para establecer la gratuidad total (sobre un universo de un poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar -sobre lo previsto- en cerca de 1,5%, equivalente a unos 4.000 millones de dólares.
"Queda para la sociedad discutir si es que se necesita o no allegar más recursos para una gratuidad total" dijo Valdés, cerrando las puertas a una nueva reforma impositiva.
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Miembros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y de Carabineros se enfrentaron ayer en el centro de Santiago, cuando los primeros realizaban desde la mañana una marcha, no autorizada por el Gobierno, en rechazo al proyecto de ley de reforma de la educación superior enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Sin la autorización para marchar, los estudiantes decidieron protestar ayer en varios puntos de Santiago, concentrados en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, fuertemente resguardado por las fuerzas de la Policía chilena.
En varias escaramuzas, lograron detener por algunos minutos el tránsito en la céntrica avenida Alameda, restablecido al poco rato por la Policía con ayuda de chorros de agua y gas lacrimógeno.
"Salimos a las calles nuevamente! La educación chilena no se vende, se defiende!", cantaron grupos de estudiantes en el frontis del palacio de Gobierno, un día después de que la presidente Michelle Bachelet enviara al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación universitaria cuyo contenido decepcionó tanto a estudiantes como rectores universitarios.
"Seguiremos en la calles. El proyecto que mandó la presidenta es malo y van a pasar muchos años para que los estudiantes estudiemos todos gratis", comentó Alejandra, una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que se manifestaba.
Discusión futura
La ley enviada el lunes al congreso por Bachelet consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final de su mandato (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas, lejos de la profunda reforma del sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet (1973-1990) a la que aspiraban los estudiantes.
La disconformidad se centra en que el proyecto no asegura los recursos para financiar la gratuidad total, pese a que durante el primer año de gobierno de Bachelet se realizó una reforma tributaria destinada a recaudar un poco más de 3% del PIB para destinarla íntegramente a la educación.
Según cálculos realizados ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para establecer la gratuidad total (sobre un universo de un poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar -sobre lo previsto- en cerca de 1,5%, equivalente a unos 4.000 millones de dólares.
"Queda para la sociedad discutir si es que se necesita o no allegar más recursos para una gratuidad total" dijo Valdés, cerrando las puertas a una nueva reforma impositiva.
Sin la autorización para marchar, los estudiantes decidieron protestar ayer en varios puntos de Santiago, concentrados en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, fuertemente resguardado por las fuerzas de la Policía chilena.
En varias escaramuzas, lograron detener por algunos minutos el tránsito en la céntrica avenida Alameda, restablecido al poco rato por la Policía con ayuda de chorros de agua y gas lacrimógeno.
"Salimos a las calles nuevamente! La educación chilena no se vende, se defiende!", cantaron grupos de estudiantes en el frontis del palacio de Gobierno, un día después de que la presidente Michelle Bachelet enviara al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación universitaria cuyo contenido decepcionó tanto a estudiantes como rectores universitarios.
"Seguiremos en la calles. El proyecto que mandó la presidenta es malo y van a pasar muchos años para que los estudiantes estudiemos todos gratis", comentó Alejandra, una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que se manifestaba.
Discusión futura
La ley enviada el lunes al congreso por Bachelet consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final de su mandato (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas, lejos de la profunda reforma del sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet (1973-1990) a la que aspiraban los estudiantes.
La disconformidad se centra en que el proyecto no asegura los recursos para financiar la gratuidad total, pese a que durante el primer año de gobierno de Bachelet se realizó una reforma tributaria destinada a recaudar un poco más de 3% del PIB para destinarla íntegramente a la educación.
Según cálculos realizados ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para establecer la gratuidad total (sobre un universo de un poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar -sobre lo previsto- en cerca de 1,5%, equivalente a unos 4.000 millones de dólares.
"Queda para la sociedad discutir si es que se necesita o no allegar más recursos para una gratuidad total" dijo Valdés, cerrando las puertas a una nueva reforma impositiva.
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