La Cámara de Diputados debatía anoche el paquete de proyectos que permitirán implementar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de marzo de 2016 y preveía convertirlos en ley cerca de la medianoche.
El conjunto de cinco iniciativas era analizado en un único debate pero se votarían por separado y la oposición anticipó su rechazo a la mayor parte del paquete.
Se trata de cinco iniciativas: un proyecto de ley de implementación del Código Procesal; otros dos de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa; otro de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y un último con modificaciones al Código Penal.
La iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado actualmente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien es cuestionada por la oposición por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo. En el inicio del debate, la oficialista Graciela Giannettasio sostuvo que "el núcleo" de las críticas de la oposición a esa iniciativa "no está puesto en el Ministerio Público Fiscal ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce".
"Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto", evaluó Gianettasio durante su defensa de la iniciativa. Uno de los más críticos de ese proyecto fue el radica Manuel Garrido, quien advirtió que "esta ley le da amplias atribuciones a la procuradora" porque, entre otras cosas, "le permite a la procuradora designar su línea de sucesión" en caso de ausencia.
Por su parte, el macrista Pablo Tonelli centró sus críticas en el proyecto de implementación del Código Procesal y en el de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, porque son los que establecen que el nuevo cuerpo normativo comience a regir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Tonelli, estas iniciativas "violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
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El conjunto de cinco iniciativas era analizado en un único debate pero se votarían por separado y la oposición anticipó su rechazo a la mayor parte del paquete.
Se trata de cinco iniciativas: un proyecto de ley de implementación del Código Procesal; otros dos de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa; otro de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y un último con modificaciones al Código Penal.
La iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado actualmente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien es cuestionada por la oposición por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo. En el inicio del debate, la oficialista Graciela Giannettasio sostuvo que "el núcleo" de las críticas de la oposición a esa iniciativa "no está puesto en el Ministerio Público Fiscal ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce".
"Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto", evaluó Gianettasio durante su defensa de la iniciativa. Uno de los más críticos de ese proyecto fue el radica Manuel Garrido, quien advirtió que "esta ley le da amplias atribuciones a la procuradora" porque, entre otras cosas, "le permite a la procuradora designar su línea de sucesión" en caso de ausencia.
Por su parte, el macrista Pablo Tonelli centró sus críticas en el proyecto de implementación del Código Procesal y en el de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, porque son los que establecen que el nuevo cuerpo normativo comience a regir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Tonelli, estas iniciativas "violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
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