Muchos de ellos comenzaron en 1976, llevados por el sueño de la casa propia, a comenzar a pagar por terrenos o viviendas en barrio Los Perales de esta ciudad o en Palpalá. Pero hasta el día de hoy, no consiguen ni siquiera resolver la compleja situación en la que esta envuelta el consorcio que conformaron para tal fin, que el Gobierno provincial decidió intervenir, pero por una presentación judicial de la actual directiva de no innovar sigue demorando la concreción de aquel anhelo.
Un grupo de asociados al Consorcio de Preadjudicatarios de Terrenos en Los Perales y Palpalá se llegó hasta este matutino para exponer la triste realidad que padece y solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo que resuelva en forma urgente la situación, realizando el mismo pedido al Juzgado de Instrucción en lo Penal 3 sobre las denuncias hechas en contra de la presidenta del Consorcio, María del Carmen Rodríguez, a quien acusan de supuesta estafa.
Los asociados comentaron a El Tribuno de Jujuy que esta historia comenzó en 1976, cuando el Círculo de Personal Subalterno de Policía de la Provincia de Jujuy, la Federación Argentina de Postulantes Civiles que Agrupan Personal Policial (Faecapp) y un grupo de postulantes se inscriben para el plan de loteo y/o vivienda en barrio Los Perales y en Palpalá, de aproximadamente 38 hectáreas entre ambos lugares. Pero por deudas de una de las entidades, se remató dicha superficie, adquiriendo una fracción de diez hectáreas un grupo de personas que luego constituirá el consorcio, entidad que consigue la personería jurídica en abril de 1987.
La entidad tenía como objetivo, entre otros, gestionar ante cualquier autoridad competente, la adjudicación de los terrenos que los socios habían adquirido, como así también la confección y tramitación para la aprobación de los planos de loteos de dichos terrenos, ante la Dirección General de Inmueble de esta provincia, o ante cualquier organismo, como así también gestionar y obtener para sus asociados el otorgamiento de las respectivas escrituras públicas adquisitivas de dominio.
Pero según dijeron los asociados a este diario, las irregularidades comenzaron cuando se hizo cargo de la presidencia del consorcio María del Carmen Rodríguez, en el 2000. De acuerdo a la denuncia penal realizada ante el Juzgado de Instrucción 3, las supuestas irregularidades comenzaron con el cobro de impuestos a los asociados, como el inmobiliario, alumbrado público y agua potable, cuando ni siquiera hay planos catastrales de los inmuebles, y siguió con la venta de lotes -siempre de acuerdo a la denuncia- que todavía no están individualizados correctamente por la carencia ya aludida.
Y agregaron que la acusada también les pidió dinero para el pago de un profesional que se iba a encargar de presentar los planos ante Inmueble, pero la directiva no le habría abonado los honorarios y por tal razón no realizó el trabajo que debía hacer.
Los asociados también denunciaron que con el correr del tiempo, la presidenta del consorcio habría vendido los mismos "lotes" dos o tres veces. Toda esta situación, que configuraría supuesta estafa, fue denunciada ante el citado Juzgado, al cual se le solicitó además que trabe embargo sobre todos los bienes de Rodríguez.
Aparte de todas estas denuncias, la situación irregular del consorcio por no realizar asambleas para la aprobación de balances y la renovación de autoridades, llevó el año pasado al Gobierno, a través de Fiscalía de Estado, a intervenir dicha entidad, decisión que fue cuestionada ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la presidenta, al que se le hizo lugar una acción cautelar de no innovar.
"Por eso solicitamos a este Tribunal que agilice alguna resolución, por todos los perjuicios que esta situación nos sigue ocasionando", indicaron los asociados, quienes revelaron que de los 700 socios que tenía el consorcio en un principio, solo quedan 240, ya que la mayoría falleció.
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