Un importante operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permitió recuperar 1.800 computadoras portátiles pertenecientes al programa Conectar Igualdad, dispositivos originalmente destinados a estudiantes de escuelas públicas para reducir la brecha digital.
El procedimiento judicial desembocó en el secuestro de 10 pallets con equipos, luego de allanamientos simultáneos realizados tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estas acciones constituyen un avance dentro de la investigación por defraudación contra la administración pública, que aún continúa bajo jurisdicción judicial.
En el marco de la causa, la Unidad Fiscal Funcional de Instrucción y Juicio N° 02, Descentralizada de Ezeiza, bajo la dirección del fiscal Carlos Hassan, dispuso el traslado de las notebooks a una planta logística de la empresa fabricante en Carlos Spegazzini. Allí permanecen en carácter de depósito judicial, respaldadas además por la documentación, teléfonos celulares y tarjetas SIM incautados durante los procedimientos, según detalló la PSA.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un empleado de la fábrica, quien detectó la falta de un importante lote de portátiles durante un control de stock. A partir de este dato, se abrió una causa por “defraudación por administración fraudulenta”, lo que llevó a realizar allanamientos en varios domicilios, entre ellos la vivienda de un ex empleado en Capital Federal y otros dos inmuebles en el partido de Hurlingham. Según la Fiscalía, durante 2025 ese exempleado habría despachado irregularmente las notebooks hacia esos destinos.
En las imágenes difundidas por la PSA se aprecia el material incautado: las cajas exhiben inscripciones como “Conectar Igualdad”, “Ministerio de Educación”, el escudo nacional y los datos de contacto institucional del programa, lo que confirma el origen estatal de los dispositivos. La causa penal quedó radicada ante el Juzgado de Garantías N.º 7 Descentralizado de Ezeiza.
Condenaron a tres brasileños por intentar sacar de Argentina una sustancia médica sin autorización
Tres ciudadanos brasileños recibieron condenas de tres años de prisión en suspenso tras ser hallados culpables de intentar sacar de Argentina una sustancia de uso médico sin autorización, detectada mientras se preparaban para abordar un vuelo internacional en el Aeroparque Jorge Newbery con destino a San Pablo.
Los condenados transportaban la medicación oculta debajo de la ropa mediante un sistema de fajado para eludir el control aduanero. Las autoridades decomisaron 27 paquetes, equivalentes a 135 tubos, según registró la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Las pruebas permitieron determinar que el contenido era tirzepatida, un principio activo utilizado para tratar diabetes tipo 2 y controlar el peso, que no cuenta con autorización de la ANMAT para su comercialización en el país.
El operativo, realizado en junio del año pasado, se inició cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) seleccionó al azar a uno de los pasajeros para atravesar un detector, detectando entre sus prendas nueve paquetes con tubos de sustancia líquida. El pasajero admitió que se trataba de “insulina, una medicación que utilizaba para bajar de peso” y reconoció carecer de comprobantes o compra en locales habilitados. Dos acompañantes suyos fueron luego identificados con bultos similares.
La Fiscalía y las defensas alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, ratificado por el juez de Cámara Jorge Alejandro Zabala, destacando que los imputados reconocieron plena responsabilidad penal y obviando la agravante de peligro para la salud pública ante la evidencia de que los medicamentos estaban destinados a Brasil. El fallo consideró que “obraron con conocimiento del contenido oculto y del alcance de su conducta e igualmente resolvieron llevarla adelante, con el fin de evitar el control del servicio aduanero”.
Cada uno de los hombres recibió, además de la pena en suspenso, inhabilitaciones especiales, la pérdida de beneficios aduaneros, el decomiso del dinero incautado y el pago de las costas procesales. Tras la condena, quedaron en libertad y fueron autorizados a salir hacia la República Federativa de Brasil. El tribunal dispuso que el material decomisado fuera remitido a la autoridad sanitaria para su evaluación y eventual destrucción.
