La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó el paro indefinido movilizado contra el Decreto Supremo 5503, con marchas que colapsaron el centro de la ciudad de La Paz y provocaron el cierre total de los accesos a la Plaza Murillo. En paralelo, se instalaron piquetes de huelga de hambre y se anunciaron nuevas medidas de presión.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) encabeza las convocatorias a marchas masivas junto a trabajadores fabriles, conformando la columna vertebral del denominado pacto de unidad, que busca intensificar la protesta contra una norma que, según los sectores movilizados, impulsa la privatización de recursos y empresas estratégicas.
A las movilizaciones se sumaron las integrantes del Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (CONACMIN) y sectores docentes, con presencia tanto en áreas urbanas como rurales.
Desconocimiento de dirigencias y ampliación del conflicto
En medio de la escalada del conflicto, diversas bases sociales comenzaron a desconocer a sus dirigencias. En Cochabamba, sectores cuestionaron a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras tras movilizaciones que incluyeron el uso de dinamita en el centro de la ciudad.
En La Paz, sectores del transporte marcharon desde la zona sur, mientras que juntas vecinales de El Alto manifestaron su rechazo a dirigentes a los que acusan de mantener vínculos con el Gobierno.
Asimismo, se registró un aumento de las protestas impulsadas por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En tanto, los sindicatos del Trópico de Cochabamba, organizados en seis federaciones, anunciaron su adhesión a las medidas de fuerza, señalando que el decreto afecta recursos naturales más allá del tema del combustible.
Organizaciones campesinas se suman desde enero
Las organizaciones campesinas del país resolvieron sumarse a las movilizaciones convocadas por la COB a partir de enero de 2026, exigiendo la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5503.
Dirigentes advirtieron que la presión social se ampliará a nivel nacional, con marchas, huelgas de hambre y medidas escalonadas, bajo una estrategia de lucha que —aseguran— retoma experiencias históricas del movimiento campesino e indígena.
Desde enero, el campo y la ciudad volverían a las calles en rechazo a una norma que, según sostienen, afecta de manera directa a los sectores más vulnerables.
La advertencia es clara: si el Gobierno no retrocede, el conflicto podría profundizarse.
