La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y comenzó hoy un paro de 48 horas con retención de tareas y medidas de visibilización. Las acciones se desarrollan en hospitales y reparticiones públicas, y continuarán el jueves en la peatonal Belgrano, donde buscarán transmitir a la comunidad los motivos del rechazo. La organización gremial calificó la oferta como “insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva”. En entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, el secretario general de Apuap, Nicolás Fernández, explicó que lo ofrecido por el Gobierno no alcanza a cubrir las necesidades de los profesionales. “La propuesta implica un aumento de apenas 18 mil pesos en el año. Es prácticamente el equivalente a un kilo de carne. Nos parece una falta de respeto a los trabajadores profesionales que sostienen los servicios públicos”, afirmó.
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La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y comenzó hoy un paro de 48 horas con retención de tareas y medidas de visibilización. Las acciones se desarrollan en hospitales y reparticiones públicas, y continuarán el jueves en la peatonal Belgrano, donde buscarán transmitir a la comunidad los motivos del rechazo. La organización gremial calificó la oferta como “insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva”. En entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, el secretario general de Apuap, Nicolás Fernández, explicó que lo ofrecido por el Gobierno no alcanza a cubrir las necesidades de los profesionales. “La propuesta implica un aumento de apenas 18 mil pesos en el año. Es prácticamente el equivalente a un kilo de carne. Nos parece una falta de respeto a los trabajadores profesionales que sostienen los servicios públicos”, afirmó.
De acuerdo a lo señalado por Fernández, la negociación había quedado en cuarto intermedio y la expectativa era cerrar la pauta salarial con un acuerdo razonable. Sin embargo, la propuesta final terminó generando malestar. “Lo que hicieron fue imponernos y extorsionarnos con que debíamos dar una respuesta inmediata. Eso no es democracia sindical ni diálogo real. Es una imposición”, sostuvo.
El dirigente recordó que en julio el sector sufrió un congelamiento salarial: “No tuvimos ningún aumento durante ese mes, lo que agudizó la pérdida del poder adquisitivo. Frente a este escenario, recibir ahora una propuesta mínima y cerrada demuestra la falta de voluntad política para atender las demandas del sector”.
Por su parte, la secretaria gremial de APUAP, Verónica Aramayo, señaló que el problema no se limita a lo salarial. “Hay una crisis estructural de recursos humanos. Hoy faltan más de 800 cargos profesionales en la administración pública. Esto es responsabilidad del Ejecutivo, que se había comprometido a profesionalizar el Estado pero fue retrocediendo, como el cangrejo”, afirmó.
Aramayo explicó que, aunque se aprobó una ley en 2023 para reconocer distintos ítems, particularmente en el área de salud, aún no se logra un trato equitativo. “Nos parece bien que haya avances para algunos sectores, pero exigimos igualdad para todos los profesionales que aplican las políticas públicas en salud, educación, producción o arquitectura. Somos quienes garantizamos los servicios que después recibe —o no— la población de Jujuy”, subrayó.
Los referentes gremiales advirtieron que esta situación afecta de manera directa a la comunidad. Según Aramayo, “cuando los profesionales se ven obligados a dejar el sistema público por los bajos salarios y la falta de reconocimiento, la calidad de los servicios se resiente. No hablamos de privilegios, hablamos de garantizar derechos básicos para la población”.
Fernández coincidió en que lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. “Si no hay médicos, psicólogos, ingenieros, arquitectos o trabajadores sociales en el sistema público, los servicios dejan de funcionar. El deterioro salarial lleva a que muchos se vayan al sector privado o directamente emigren, y eso genera un vaciamiento que pone en riesgo la atención de la gente”.
Uno de los puntos más fuertes del reclamo es la visión política del conflicto. Fernández fue categórico: “Acá no hay un problema de dinero, hay un problema de decisión política. Si al Ejecutivo realmente le importara mejorar las condiciones de vida de su población, priorizaría a los profesionales que sostienen las políticas públicas. Pero vemos que eligen destinar recursos a otras cuestiones y desatienden las problemáticas graves de la sociedad”.
Aramayo complementó esa idea al remarcar que el reclamo apunta también a la construcción de un Estado sostenible. “Queremos medidas integrales que resuelvan la crisis de recursos humanos. No pedimos un parche, pedimos soluciones que permitan que el Estado funcione y cumpla con su rol. De eso depende que la gente tenga acceso a servicios de calidad”.
La medida de fuerza incluye retención de tareas en horarios específicos y acciones de comunicación directa con la sociedad. “Hoy estuvimos en el Hospital Pablo Soria con una participación importante de colegas de diferentes hospitales y reparticiones. Mañana vamos a estar en la peatonal Belgrano para explicar cara a cara a la comunidad por qué rechazamos la propuesta”, detalló Fernández.
Respecto de los pasos a seguir, Aramayo adelantó que se realizarán asambleas para evaluar nuevas medidas. “Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero necesitamos que ese diálogo sea verdadero y que traiga resultados concretos. La situación de los profesionales no puede seguir deteriorándose”, advirtió.
Tanto Fernández como Aramayo insistieron en la importancia de que la comunidad entienda la dimensión del conflicto. “No estamos luchando solo por un sueldo. Estamos defendiendo el funcionamiento del sistema público en su conjunto. Cuando un profesional no es reconocido, la consecuencia la padece la población que no recibe la atención que necesita”, aseguró Fernández.
Finalmente, Aramayo dejó una reflexión dirigida a los ciudadanos: “Cada derecho que garantizamos en salud, educación o desarrollo humano es posible gracias al trabajo de los profesionales del Estado. Reconocer nuestra tarea es reconocer la importancia de que todos tengan acceso a esos derechos. Por eso pedimos igualdad y justicia en la política salarial”.
El paro de 48 horas de Apuap continuará el jueves con actividades de visibilización en la capital provincial, mientras se espera una respuesta del Ejecutivo a los reclamos planteados.
