POR OSVALDO GIORDANO, PRESIDENTE IERAL
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POR OSVALDO GIORDANO, PRESIDENTE IERAL
Señalamos que luego del rebote inicial, la actividad comenzó a perder dinamismo en los primeros meses del año. Volvía a imponerse el "techo de cristal", un entorno que impide la expansión sostenida de la producción. Pasada la mitad del año, el salto en la tasa de interés añadió presiones recesivas y consolidó el estancamiento. En este marco, algunos sectores -energía y ciertos complejos exportadores- pueden llegar a sostener su dinamismo, pero los de mayor peso en el empleo urbano (servicios, industria y construcción) se aletargan. La connotación social es evidente.
En una lectura simplificada, confluyen factores coyunturales adversos. En lo político, la cercanía de las elecciones incrementa la inestabilidad y empuja a los agentes económicos a extremar la cautela. En lo económico, los errores y contradicciones en el desarme de las Lefi potenciaron la confusión y la incertidumbre. El frente externo no suma nuevas malas noticias, pero tampoco ofrece tranquilidad.
Estos factores alcanzan para explicar por qué se ha vuelto tan cuesta arriba llegar a octubre. El Gobierno mantiene como prioridad la desinflación -aun sacrificando otros objetivos- bajo la convicción de que es la mejor estrategia para un triunfo contundente. Los avances en la baja de la inflación son palpables, pero la dinámica reciente muestra que el costo sobre la actividad y el empleo se intensifica.
Particularmente relevante es que, para contener el tipo de cambio, las tasas de interés se elevaron a niveles extremos e insostenibles. A ese costo del crédito no solo se introduce una traba adicional a la producción. También se erosiona el principal sustento del programa económico, el equilibrio fiscal. Crecen desmesuradamente los intereses de la deuda pública, mientras la recesión y la mayor evasión golpean la recaudación.
Más allá de lo coyuntural, la proximidad electoral vuelve más visibles problemas de fondo. Uno es el déficit de gestión política. El oficialismo lidia con una clara minoría, tanto en ambas cámaras del Congreso como frente a los gobiernos provinciales. Sin embargo, parece subestimar las consecuencias de esta debilidad. En lugar de una estrategia diseñada acorde a la complejidad e importancia del tema, prevalece la improvisación. El principal resultado es que la agresividad generalizada impide la posibilidad de una articulación con parte de la oposición para construir mayorías.
La precariedad en la gestión política suma escollos en la transición hacia las elecciones. La evidencia más nítida aparece en el Congreso: ante la falta de capacidad para acordar leyes que atiendan problemas sensibles sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, avanzan proyectos que conspiran contra el programa económico. Frente a posiciones rígidas y negacionistas en el oficialismo, se fortalecen posturas extremas que cuestionan la orientación del programa. En vez de sumar voluntades a favor del equilibrio y las reformas, se consolida y fortalece la oposición más refractaria.
Aún más inquietante es que no están despejadas las dudas sobre si esta debilidad -que está haciendo muy difícil la transición- tendrá una mejor resolución después de octubre. No hay que perder de vista que la única vía para romper con el "techo de cristal" y salir de la larga decadencia que padece la Argentina es avanzando en la implementación de una agenda de reformas estructurales. Para ello será importante validar los planteos transformadores en las urnas y fortalecer posiciones del oficialismo en el Congreso. Pero no alcanza con conseguir en la Cámara de Diputados el tercio de votos que permita sostener los vetos. Adicionalmente habrá que seducir a parte de la oposición para lograr mayorías parlamentarias y generar confianza y apoyo de algunos -no necesariamente todos- gobernadores. Mientras persista la incertidumbre acerca de cómo se migrará de un clima de tirantez, agresiones y desconfianzas a otro de trabajo coordinado con parte de la oposición es inimaginable llegar a soluciones para los crónicos problemas.
El otro punto central que se hizo explícito en las últimas semanas son las consecuencias de subestimar las complejidades que entraña la gestión pública. Desde hace décadas, en el Estado se han enquistado y naturalizado malas prácticas. La corrupción -la más irritante- es solo una manifestación de un sistema que administra fondos con lógica burocrática e ineficiente, con controles precarios y escasa transparencia. Los ajustes que con firmeza viene aplicando el gobierno ayudan a corregir excesos y a achicar el Estado, pero imponer nuevos estilos en la administración pública es un proceso mucho más desafiante. Replantear prioridades, rediseñar procesos, cambiar incentivos, transparentar la gestión y los resultados, desburocratizar y aprovechar la tecnología son transformaciones disruptivas para estructuras anquilosadas y golpeadas.
Sin mejoras sustanciales en la calidad de la gestión pública es imposible reducir las oportunidades de corrupción y, más importante aún, generar las condiciones para un crecimiento sostenido. Aun con un Estado más pequeño, si cobra y administra mal los impuestos, brinda servicios de baja calidad y además le impone trabas y burocracia a las familias y las empresas, el sector público opera como una mochila demasiado pesada para la sociedad. Además, subestimar la complejidad e importancia de la gestión pública se paga con episodios resonantes, como el de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Más allá de sus particularidades, sería un error asumir las denuncias en torno a las contrataciones de la Andis como un hecho aislado, en lugar de considerarlas como la consecuencia de prácticas rutinarias que prevalecen desde hace décadas en la mayoría de los organismos del Estado. En este tema también es crucial un cambio de estrategia que tome como prioridad la profesionalización del Estado. De lo contrario, no sólo se hace muy difícil romper con el crónico estancamiento, sino que seguirán latentes los riesgos de que exploten casos análogos a los de la Andis.
Los déficits de gestión -administrativa y política- empinan el camino hacia las elecciones. La urgencia es que la ciudadanía convalide con su voto la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y avanzar en reformas estructurales. Pero lo más importante será lo que ocurra después: transformar ese eventual respaldo en una estrategia para corregir los déficits de gestión.
El equilibrio de las cuentas públicas es condición necesaria, pero no suficiente. Sin fortalecer la capacidad de gestión administrativa y política, los avances fiscales no se sostienen. No alcanza con un Estado más chico, es imprescindible un Estado que funcione mejor. Que mejore sus estándares de eficiencia, que defina mejor sus prioridades, que sea menos permeable y vulnerable a la corrupción, que sea más transparente y se someta al control social. Modernizar la gestión pública es condición para que los sectores productivos vuelvan a invertir y a crear empleo.