La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves ante el Tribunal Supremo un segundo recurso para anular el proceso de cambio de la Constitución que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro y que organiza el Poder Electoral, por considerar que no cumple con la defensa "de la soberanía popular", ya que "no se convocó un referendo previo para preguntar a los electores si estaban de acuerdo con este proceso".
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves ante el Tribunal Supremo un segundo recurso para anular el proceso de cambio de la Constitución que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro y que organiza el Poder Electoral, por considerar que no cumple con la defensa "de la soberanía popular", ya que "no se convocó un referendo previo para preguntar a los electores si estaban de acuerdo con este proceso".
"Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales", dijo la fiscal desde la sede del Poder Judicial.
Ortega Díaz pidió el jueves a última hora a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aclarar una decisión con la que éste dio luz verde a Maduro para impulsar la Constituyente sin que se convocara un referendo previo para preguntar a los electores si estaban de acuerdo con iniciar este proceso.
La alta corte decidió esta semana que la fiscal no estaba legitimada para solicitar esta aclaratoria.
Por ello, explicó ayer Ortega Díaz, el Ministerio Público intenta esta segunda acción "para defender la soberanía popular, para defender la Constitución" y "especialmente porque es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar" una Constituyente, dijo.
Confirman 67 muertes en 69 días de protestas
El Ministerio Público venezolano (Fiscalía) cifró ayer en 67 las muertes registradas en hechos violentos relacionados con las protestas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro que sacuden la nación desde hace 69 días.
En tanto, el vicepresidente Tareck el Aissami afirmó ayer que la muerte del joven Neomar Lander, de 17 años, durante una protesta antigubernamental en Caracas el lunes, fue causada por un “explosivo casero” y no por una bomba de gas lacrimógena, como afirmó ayer la oposición.
El director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Sair Mundaraín, aseguró en la emisora estatal RNV que hasta la fecha el órgano penal ha procesado 67 muertes por diferentes motivos en el marco de la oleada de protestas.
Sobre los hechos registrados en estas manifestaciones se están ejecutando 1.631 investigaciones, 1.307 de la cuales son por personas lesionadas, y las demás por daños a la propiedad pública y a la propiedad privada.
A su vez, una autopsia reveló que el manifestante de 17 años tuvo fractura de costilla, explosión del pulmón izquierdo y lesiones en uno de los brazos producto de la detonación de un explosivo.
