-¿Cómo analiza el sistema penal en relación a los jóvenes?
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-¿Cómo analiza el sistema penal en relación a los jóvenes?
A nivel nacional nosotros todavía tenemos una deuda que es que tenemos una vieja ley, la 22.278 que fue sancionada en la época de la dictadura militar y que no respeta las exigencias de los organismos internacionales. Ahora el Gobierno está llevando adelante un intento de modificación de esa ley para adecuarla a esos estándares pero todavía no salió. Se está trabajando para ver si en el curso del año que viene, el Poder Legislativa sanciona una nueva ley, de manera que se pongan en marcha todos los dispositivos adecuados a los estándares de derechos humanos.
-¿Cuáles son esos estándares que hay que cumplir?
Uno de los fundamentales y que está vulnerado en nuestro país es que la privación de la libertad para los chicos en conflicto con la ley penal, es el último ratio y por el menor tiempo posible. Y por lo general, lo que se observa en las prácticas institucionales es que automáticamente a un chico en conflicto con la ley, independientemente de la causa que se le impute, es privado de su libertad y no hay otras medidas no privativas de la libertad que puedan solucionar el conflicto.
-¿Cómo ve la realidad de los jóvenes en Argentina? ¿Aumenta o disminuye el nivel de delincuencia?
No. En realidad hay mucho mito en relación a ese tema. La cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal es mínima, no es estadísticamente representativa de la situación de la infancia y de los adolescentes en Argentina. Son muchos más los adolescentes o los niños que son víctimas de violación o de vulneración de sus derechos, que los que están en conflicto con la ley. Estadísticamente no es representativo el número. Sí hay provincias que sí tienen una sobre representación como es el caso de la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma donde hay una cantidad importante de causas judiciales de niños que están en conflicto con la ley pero en otras provincias el número es mínimo.
-En cuanto al debate en torno a bajar la edad de imputabilidad, ¿cuál es su postura?
Creo que no es necesario. Pienso que el sistema tiene que ser progresivo, en lugar de bajar tendríamos que ir elevando porque como sociedad tendríamos que ir apuntando a tener cada vez menor cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal y esos jóvenes, cada vez con causas más livianas. Bajar la edad de imputabilidad, cuando ésta fue fijada por una ley de la última dictadura militar, sería un retroceso en término de derechos humanos muy importante. Yo considero que no hay que bajar la edad de imputabilidad, creo que no es judicializando y penalizando como se resuelven los conflictos sociales. Detrás de cada joven en conflicto con la ley, hay un conflicto social en el fondo porque son niños que fueron construidos en ese rol a partir de la vulneración de sus derechos, de haber vivido situaciones de violencia y demás. Entonces en lo que hay que trabajar es en eso. No soluciona el problema bajar la edad.
-¿Cuál sería la solución o la mejor manera de atender esta situación?
En eso la Convención de los Derechos del Niño es clara, ya que señala que el Estado es el máximo responsable en que los derechos de los niños no sean vulnerados sino que sean efectivamente ejercidos. Lo mismo las familias y toda la sociedad. Es decir, todos los adultos deberíamos tener nuestra mente y acciones dispuestas a que los derechos de los chicos sean una realidad y no un mito. Dentro de la Convención uno de sus pilares fundamentales es el derecho del niño a ser escuchado y por ejemplo, en los procesos de mediación familiar, el mediador no cita a los chicos para escuchar su opinión o en las escuelas les impiden a los chicos hacer centros de estudiantes para debatir su situación, ahí te das cuenta que los adultos no asumimos nuestra responsabilidad. Entonces pienso que los adultos tendríamos que asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños para que vivan en una situación de derecho y alejados de la violencia.
-¿En este sentido, el Estado tendría que desarrollar mejores políticas?
Considero que sí pero creo que no es solamente responsabilidad del Estado, sino de todos los adultos, independientemente si formas parte del Estado, trabajas en el sector privado o integras una asociación civil. Todos los adultos tenemos que hacernos cargo. Lamentablemente hay una práctica muy común en los argentinos que es descargar la responsabilidad en el otro y en este tema no puede ser así.
