Por ello, el funcionario consideró que "la gente ya aceptó los aumentos y paga", en medio de la polémica instalada por los fallos judiciales adversos.
"En el caso específico del gas, en el bimestre de mayo y junio, el 87% de los usuarios residenciales recibió facturas inferiores a 500 pesos", dijo el ministro en declaraciones radiales.
Y aclaró que el monto de 500 pesos no fue puesto de forma arbitraria, sino porque 540 pesos es el que se paga para la suscripción básica a la televisión por cable y en la zona metropolitana el 74% de la población la tiene.
"Uno se puede preguntar cuál es un servicio esencial", dijo el funcionario, al contrastar cuánto pagan los usuarios por el gas natural por red y cuánto para mirar canales de televisión no abierta.
Dijo que del 87% que recibió facturas con montos inferiores a 500 pesos, la cobrabilidad en el período mayo-junio fue del 78%: "Ha sido muy alta, la gente ha pagado porque reconoce que existe un problema tanto en el sistema de abastecimiento de gas como en el de electricidad", consideró Aranguren.
"Sería muy grave si la corte no aprueba los aumentos"
El ministro advirtió que sería "muy grave" que la Corte Suprema fallara contra los aumentos de tarifas, que permanecen frenados con recursos de amparo.
Aranguren consideró que si la Corte se ajustara a su propia jurisprudencia tendría que fallar a favor del Gobierno en la causa que frenó, por ejemplo, el incremento en la tarifa del gas.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se quejó de que hay tribunales que buscan "gobernar y marcar la política energética", al cuestionar los fallos de primera instancia contra el aumento en el precio de la luz y el gas.
Fuentes del máximo tribunal dijeron que "por ahora no hay nada" sobre el tema, por lo que la impresión en círculos tribunalicios es que en caso de abordarlo no sería en los inmediato.
Pero Aranguren alertó que "el servicio está comprometido. Por eso le solicitamos a la Justicia que, conforme a los marcos regulatorios, deje actuar a la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para tomar decisiones sobre tarifas. Las tarifas no las puede decidir la Justicia".
Insistió en que "sería muy grave" que la Corte no le dé la razón al Gobierno y exija la eliminación de los nuevos cuadros tarifarios, que en el caso del gas rigen desde el 1 de abril último, porque se necesitarán 22 mil millones de pesos.
El funcionario señaló que la Corte Suprema tiene en este momento un recurso extraordinario que elevó la Cámara Federal de La Plata para el gas, que está "vinculado con un criterio que lo dice la jurisprudencia del propio máximo tribunal".
"La misma Corte dice que cuando hubo un fallo positivo en primera instancia -en este caso a favor del Gobierno- todo recurso extraordinario se tiene que otorgar con carácter suspensivo de la medida que dictó la Cámara, por lo tanto creemos que eso es lo que, ajustándose a derecho, la Corte tiene que fallar", dijo.
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Por ello, el funcionario consideró que "la gente ya aceptó los aumentos y paga", en medio de la polémica instalada por los fallos judiciales adversos.
"En el caso específico del gas, en el bimestre de mayo y junio, el 87% de los usuarios residenciales recibió facturas inferiores a 500 pesos", dijo el ministro en declaraciones radiales.
Y aclaró que el monto de 500 pesos no fue puesto de forma arbitraria, sino porque 540 pesos es el que se paga para la suscripción básica a la televisión por cable y en la zona metropolitana el 74% de la población la tiene.
"Uno se puede preguntar cuál es un servicio esencial", dijo el funcionario, al contrastar cuánto pagan los usuarios por el gas natural por red y cuánto para mirar canales de televisión no abierta.
Dijo que del 87% que recibió facturas con montos inferiores a 500 pesos, la cobrabilidad en el período mayo-junio fue del 78%: "Ha sido muy alta, la gente ha pagado porque reconoce que existe un problema tanto en el sistema de abastecimiento de gas como en el de electricidad", consideró Aranguren.
"Sería muy grave si la corte no aprueba los aumentos"
El ministro advirtió que sería "muy grave" que la Corte Suprema fallara contra los aumentos de tarifas, que permanecen frenados con recursos de amparo.
Aranguren consideró que si la Corte se ajustara a su propia jurisprudencia tendría que fallar a favor del Gobierno en la causa que frenó, por ejemplo, el incremento en la tarifa del gas.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se quejó de que hay tribunales que buscan "gobernar y marcar la política energética", al cuestionar los fallos de primera instancia contra el aumento en el precio de la luz y el gas.
Fuentes del máximo tribunal dijeron que "por ahora no hay nada" sobre el tema, por lo que la impresión en círculos tribunalicios es que en caso de abordarlo no sería en los inmediato.
Pero Aranguren alertó que "el servicio está comprometido. Por eso le solicitamos a la Justicia que, conforme a los marcos regulatorios, deje actuar a la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para tomar decisiones sobre tarifas. Las tarifas no las puede decidir la Justicia".
Insistió en que "sería muy grave" que la Corte no le dé la razón al Gobierno y exija la eliminación de los nuevos cuadros tarifarios, que en el caso del gas rigen desde el 1 de abril último, porque se necesitarán 22 mil millones de pesos.
El funcionario señaló que la Corte Suprema tiene en este momento un recurso extraordinario que elevó la Cámara Federal de La Plata para el gas, que está "vinculado con un criterio que lo dice la jurisprudencia del propio máximo tribunal".
"La misma Corte dice que cuando hubo un fallo positivo en primera instancia -en este caso a favor del Gobierno- todo recurso extraordinario se tiene que otorgar con carácter suspensivo de la medida que dictó la Cámara, por lo tanto creemos que eso es lo que, ajustándose a derecho, la Corte tiene que fallar", dijo.