La Fiscalía de Investigación Nº1 (habilitada) imputó a la diputada del Parlasur, Milagro Sala, del delito de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, artículos 209, 230, inciso 2º y 55 del Código Penal de la Nación. La decisión fue tomada a instancia de la denuncia penal efectuada por el Gobierno jujeño.
La decisión fue tomada en el marco del expediente P-127785, en el cual se investiga "el acampe y todas las acciones delictivas" que se cometieron para presionar al Gobierno provincial por el manejo de la ayuda social en Jujuy. Sala, de este modo, está imputada por los hechos acaecidos el día 14 de diciembre de 2015, cuando ella y un numeroso grupo de personas arribaron por calle San Martín hasta las puertas de la Casa de Gobierno, donde comenzó a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos, para hacer que las personas acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas, gazebos y otros elementos similares, obstaculizando así la libre circulación de vehículos y de personas. De esta manera, se suscitó "una alteración del orden público mediante la instigación a cometer delitos". Esto ha sido corroborado con pruebas a partir de registros fílmicos aportados a la causa.
La Fiscalía consideró que Sala actuó con el "dolo directoà de persuadir a un grupo de personas indeterminadas a producir un delito". Pero, además, la Fiscalía imputó a Sala por un segundo hecho. Luego del acampe, evidenció el propósito de alzarse públicamente contra el Plan de regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales dispuesto por el Gobierno de la Provincia, con el manifiesto objetivo de impedir su realización. Aunque ese plan está en vigencia, los organismos públicos provinciales que llevan a cabo la regularización y transparencia en la entrega de fondos, han encontrado obstáculos para su concreción definitiva, "ya que Milagro Sala y sus adeptos han perturbado y perturban de modo grave la eficacia de la resolución del gobierno, persistiendo en el acampe. De esta manera se niegan a regularizar su situación, conforme al programa referido. Con este accionar, se lograría un efecto intimidante y desestabilizador, pues Sala se rehúsa a participar del plan de regularización, pretendiendo torcer así los cursos de acción del gobierno provincial y tratar de seguir con la mecánica de manejo discrecional de fondos que tuvo durante la última década. Esta conducta, se encuentra tipificada por el artículo 230, inciso 2º del Código Penal de la Nación. Es decir, "actúa con el fin antijurídico de impedir la regularización y transparencia en la distribución de fondos destinados a las cooperativas".
La promoción de acción penal pública en contra de Sala es considerada una decisión inédita de la Justicia provincial, que atiende un reclamo de la comunidad jujeña que padece desde hace años el accionar de esta organización amparada y financiada por el kirchnerismo. La Fiscalía solicitó al Juez de Control Nº 3 que, con habilitación de días y horas, proceda a citar a Sala para que esta designe abogado defensor y que luego sea sometida a declaración.
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La Fiscalía de Investigación Nº1 (habilitada) imputó a la diputada del Parlasur, Milagro Sala, del delito de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, artículos 209, 230, inciso 2º y 55 del Código Penal de la Nación. La decisión fue tomada a instancia de la denuncia penal efectuada por el Gobierno jujeño.
La decisión fue tomada en el marco del expediente P-127785, en el cual se investiga "el acampe y todas las acciones delictivas" que se cometieron para presionar al Gobierno provincial por el manejo de la ayuda social en Jujuy. Sala, de este modo, está imputada por los hechos acaecidos el día 14 de diciembre de 2015, cuando ella y un numeroso grupo de personas arribaron por calle San Martín hasta las puertas de la Casa de Gobierno, donde comenzó a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos, para hacer que las personas acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas, gazebos y otros elementos similares, obstaculizando así la libre circulación de vehículos y de personas. De esta manera, se suscitó "una alteración del orden público mediante la instigación a cometer delitos". Esto ha sido corroborado con pruebas a partir de registros fílmicos aportados a la causa.
La Fiscalía consideró que Sala actuó con el "dolo directoà de persuadir a un grupo de personas indeterminadas a producir un delito". Pero, además, la Fiscalía imputó a Sala por un segundo hecho. Luego del acampe, evidenció el propósito de alzarse públicamente contra el Plan de regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales dispuesto por el Gobierno de la Provincia, con el manifiesto objetivo de impedir su realización. Aunque ese plan está en vigencia, los organismos públicos provinciales que llevan a cabo la regularización y transparencia en la entrega de fondos, han encontrado obstáculos para su concreción definitiva, "ya que Milagro Sala y sus adeptos han perturbado y perturban de modo grave la eficacia de la resolución del gobierno, persistiendo en el acampe. De esta manera se niegan a regularizar su situación, conforme al programa referido. Con este accionar, se lograría un efecto intimidante y desestabilizador, pues Sala se rehúsa a participar del plan de regularización, pretendiendo torcer así los cursos de acción del gobierno provincial y tratar de seguir con la mecánica de manejo discrecional de fondos que tuvo durante la última década. Esta conducta, se encuentra tipificada por el artículo 230, inciso 2º del Código Penal de la Nación. Es decir, "actúa con el fin antijurídico de impedir la regularización y transparencia en la distribución de fondos destinados a las cooperativas".
La promoción de acción penal pública en contra de Sala es considerada una decisión inédita de la Justicia provincial, que atiende un reclamo de la comunidad jujeña que padece desde hace años el accionar de esta organización amparada y financiada por el kirchnerismo. La Fiscalía solicitó al Juez de Control Nº 3 que, con habilitación de días y horas, proceda a citar a Sala para que esta designe abogado defensor y que luego sea sometida a declaración.
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