"Ni Una Menos" es la consigna contra el femicidio que se multiplicó en las redes sociales y bajo la cual se realizará una marcha mañana de manera simultánea en diferentes puntos del país. La convocatoria también hizo eco en nuestra provincia, donde son más de 40 los casos de violencia de género que causaron la muerte de las víctimas, según informó la Multisectorial de Mujeres de Jujuy. Este grupo compuesto por activistas de organizaciones locales, convocó a la comunidad a sumarse a la convocatoria, asistiendo a las 17 en Casa de Gobierno, con el objetivo de transitar las calles solicitando a las autoridades la aplicación plena de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica. Encabezaron el llamado las madres de Carola Carretero, Georgina Vera y María Fernanda González, jóvenes asesinadas en cruentos hechos ocurridos en el territorio provincial.
La noticia de la muerte de Chiara Páez, la niña de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe, fue el caso que a nivel nacional motorizó la convocatoria a la marcha. Si bien el llamado se inició y continúa convocando adeptos a través de las redes sociales -además recientemente muchas fuerzas políticas se manifestaron a favor-, la invitación formal en la provincia a salir a la calle, fue realizada por los familiares de las víctimas de femicidios a nivel local, junto a la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que ayer realizaron una conferencia de prensa en la sede de Apuap.
Durante la marcha, los miembros de la Multisectorial de las Mujeres exigirán al Gobierno de la Provincia un aumento presupuestario de emergencia para los servicios estatales que atienden la problemática de violencia doméstica y sexual, así como la puesta en marcha de un plan de atención que articule acciones con los tres poderes del Estado, instituciones organizaciones de la sociedad civil desde una perspectiva de género. También solicitarán la implementación de una campaña de difusión masiva de las disposiciones de la Ley 26.485, que les permita a las mujeres conocer sus derechos, los procedimientos a seguir y los servicios estatales que están obligados a acompañarlas y resolver su problemática. Demandarán además la elaboración de un plan de actualización permanente a todos los actores de los servicios públicos que abordan la violencia doméstica y sexual.
En su petitorio, las activistas también se dirigieron directamente a áreas del Gobierno en particular. En el ámbito de la salud, solicitarán equipos interdisciplinarios de profesionales que acompañen, y sostengan a las víctimas de violencia de género y a sus familiares, siendo la cantidad de especialistas acorde a las necesidades de la provincia. Igualmente se requerirá mayor capacitación y promoción de los protocolos de atención a víctimas.
Al sistema educativo se pedirá implementar programas que permitan conocer los derechos de las mujeres y la aplicación de programas de educación sexual. A la Justicia se exigirá cárcel a los violadores y femicidas, asignación de presupuestos para las oficinas de violencia doméstica y servicios en la provincia que traten la problemática, la creación de fiscalías especializadas para el abordaje de delitos contra la integridad sexual y acompañamiento de las víctimas de violencia en los trámites en tribunales. A jueces, fiscales y defensores, reclamarán medidas cautelares de restricción de acercamiento y exclusión del hogar a hombres violentos de manera inmediata, y que las pruebas genéticas y médicas a realizar en un caso de violación sean recogidas en el hospital público a fin de evitar revictimización.
A Desarrollo Social, solicitarán la implementación de casas DE refugio en cada localidad de la provincia y la creación de un programa de ayuda económica. Para finalizar, pidieron a las fuerzas de seguridad una urgente elaboración de estadísticas y un mapa del delito que permita obtener cifras actualizadas y regiones donde se registran una mayor incidencia de delitos de violencia de género y la separación de los miembros de la Policía de la Provincia que la ejerzan, no tomen denuncias o inciten a transformarlas en simples exposiciones policiales. Para finalizar el petitorio, las activistas aclararon que también se solicitará que las acciones y gastos destinados a atender la emergencia, sean monitoreados por la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Ley de Protección Integral
Mariana Vargas, miembro de la Multisectorial de Mujeres, indicó que la violencia a la mujer crece cada vez más y es evidente en edades más tempranas. Si bien no hay datos estadísticos, Vargas indicó que son casi 40 los femicidios que registró el grupo en la provincia, y es una lista que quizás esté incompleta. Es por este motivo que uno de los pedidos centrales es la ejecución plena de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, a la que la provincia se encuentra adherida. El cumplimiento de la normativa incluye asignación de recursos, además de la elaboración de un registro de estadísticas oficiales sobre violencia contra las mujeres y un índice de femicidios, la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres con competencia en materia civil y penal, la incorporación de la temática violencia contra las mujeres en todas las currículas educativas, y la creación de un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones.
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"Ni Una Menos" es la consigna contra el femicidio que se multiplicó en las redes sociales y bajo la cual se realizará una marcha mañana de manera simultánea en diferentes puntos del país. La convocatoria también hizo eco en nuestra provincia, donde son más de 40 los casos de violencia de género que causaron la muerte de las víctimas, según informó la Multisectorial de Mujeres de Jujuy. Este grupo compuesto por activistas de organizaciones locales, convocó a la comunidad a sumarse a la convocatoria, asistiendo a las 17 en Casa de Gobierno, con el objetivo de transitar las calles solicitando a las autoridades la aplicación plena de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica. Encabezaron el llamado las madres de Carola Carretero, Georgina Vera y María Fernanda González, jóvenes asesinadas en cruentos hechos ocurridos en el territorio provincial.
La noticia de la muerte de Chiara Páez, la niña de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe, fue el caso que a nivel nacional motorizó la convocatoria a la marcha. Si bien el llamado se inició y continúa convocando adeptos a través de las redes sociales -además recientemente muchas fuerzas políticas se manifestaron a favor-, la invitación formal en la provincia a salir a la calle, fue realizada por los familiares de las víctimas de femicidios a nivel local, junto a la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que ayer realizaron una conferencia de prensa en la sede de Apuap.
Durante la marcha, los miembros de la Multisectorial de las Mujeres exigirán al Gobierno de la Provincia un aumento presupuestario de emergencia para los servicios estatales que atienden la problemática de violencia doméstica y sexual, así como la puesta en marcha de un plan de atención que articule acciones con los tres poderes del Estado, instituciones organizaciones de la sociedad civil desde una perspectiva de género. También solicitarán la implementación de una campaña de difusión masiva de las disposiciones de la Ley 26.485, que les permita a las mujeres conocer sus derechos, los procedimientos a seguir y los servicios estatales que están obligados a acompañarlas y resolver su problemática. Demandarán además la elaboración de un plan de actualización permanente a todos los actores de los servicios públicos que abordan la violencia doméstica y sexual.
En su petitorio, las activistas también se dirigieron directamente a áreas del Gobierno en particular. En el ámbito de la salud, solicitarán equipos interdisciplinarios de profesionales que acompañen, y sostengan a las víctimas de violencia de género y a sus familiares, siendo la cantidad de especialistas acorde a las necesidades de la provincia. Igualmente se requerirá mayor capacitación y promoción de los protocolos de atención a víctimas.
Al sistema educativo se pedirá implementar programas que permitan conocer los derechos de las mujeres y la aplicación de programas de educación sexual. A la Justicia se exigirá cárcel a los violadores y femicidas, asignación de presupuestos para las oficinas de violencia doméstica y servicios en la provincia que traten la problemática, la creación de fiscalías especializadas para el abordaje de delitos contra la integridad sexual y acompañamiento de las víctimas de violencia en los trámites en tribunales. A jueces, fiscales y defensores, reclamarán medidas cautelares de restricción de acercamiento y exclusión del hogar a hombres violentos de manera inmediata, y que las pruebas genéticas y médicas a realizar en un caso de violación sean recogidas en el hospital público a fin de evitar revictimización.
A Desarrollo Social, solicitarán la implementación de casas DE refugio en cada localidad de la provincia y la creación de un programa de ayuda económica. Para finalizar, pidieron a las fuerzas de seguridad una urgente elaboración de estadísticas y un mapa del delito que permita obtener cifras actualizadas y regiones donde se registran una mayor incidencia de delitos de violencia de género y la separación de los miembros de la Policía de la Provincia que la ejerzan, no tomen denuncias o inciten a transformarlas en simples exposiciones policiales. Para finalizar el petitorio, las activistas aclararon que también se solicitará que las acciones y gastos destinados a atender la emergencia, sean monitoreados por la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Ley de Protección Integral
Mariana Vargas, miembro de la Multisectorial de Mujeres, indicó que la violencia a la mujer crece cada vez más y es evidente en edades más tempranas. Si bien no hay datos estadísticos, Vargas indicó que son casi 40 los femicidios que registró el grupo en la provincia, y es una lista que quizás esté incompleta. Es por este motivo que uno de los pedidos centrales es la ejecución plena de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, a la que la provincia se encuentra adherida. El cumplimiento de la normativa incluye asignación de recursos, además de la elaboración de un registro de estadísticas oficiales sobre violencia contra las mujeres y un índice de femicidios, la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres con competencia en materia civil y penal, la incorporación de la temática violencia contra las mujeres en todas las currículas educativas, y la creación de un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones.
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