El Gobierno nacional oficializó este miércoles el nombramiento de Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la ANDIS. La designación se formalizó mediante el Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La medida se produce en medio del avanzado escándalo por los presuntos casos de corrupción denunciados en los audios del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, que motivó la intervención del organismo por 180 días a través de un decreto el pasado 21 de agosto.
Scigliano, licenciado en Ciencia Política (UBA), se desempeña actualmente al frente del área de Desarrollo Local en la Fundación Poliedro y en el Observatorio Esteban Echeverría. Según su perfil profesional, cuenta con una extensa trayectoria en el sector público desde los 18 años, habiendo ocupado cargos en el Ministerio de Salud de la Nación, el Municipio de Esteban Echeverría y la administración pública bonaerense.
Avances en la causa por los audios
Paralelamente a los cambios de autoridades, la investigación judicial por los audios de Spagnuolo avanza a ritmo acelerado. Este viernes, la Policía realizó tres allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello.
Los operativos se llevaron a cabo en el country de Pilar donde reside el exfuncionario, en el country El Pato de Berazategui y en una sucursal del Banco Francés en Almagro, donde Spagnuolo tenía una caja de seguridad.
En la caja de seguridad, los efectivos no hallaron documentación, pero sí 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo. La justicia investigará ahora si ese dinero se encuentra debidamente declarado. El objetivo de los allanamientos era secuestrar dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa.
En un giro adicional, los dos abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, presentaron su renuncia "por motivos personales" en medio de la operación.
La ANDIS, así, permanece en el ojo de la tormenta, con una doble pulseada: la administrativa, impulsada por el Gobierno para reconfigurar el organismo, y la judicial, que busca develar la verdad detrás de las graves acusaciones de corrupción.
