El 15 de julio de 2010, Argentina no solo hizo historia al convertirse en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquella madrugada, el país sentó un precedente que trascendió las fronteras, garantizando plenamente el derecho a la adopción y equiparando derechos y obligaciones para todas las parejas. Más que una reforma legal, fue el puntapié inicial de una revolución de derechos que visibilizó a la comunidad LGBTIQ+ como un actor político legítimo, abriendo camino a la Ley de Identidad de Género de 2012 y el reconocimiento del Género No Binario en el DNI.
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El 15 de julio de 2010, Argentina no solo hizo historia al convertirse en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquella madrugada, el país sentó un precedente que trascendió las fronteras, garantizando plenamente el derecho a la adopción y equiparando derechos y obligaciones para todas las parejas. Más que una reforma legal, fue el puntapié inicial de una revolución de derechos que visibilizó a la comunidad LGBTIQ+ como un actor político legítimo, abriendo camino a la Ley de Identidad de Género de 2012 y el reconocimiento del Género No Binario en el DNI.
La Unión Civil: Un Puente hacia la Igualdad Plena
Antes del matrimonio igualitario, la ley de unión civil sentó un precedente crucial. El 28 de agosto de 2001, la CHA presentó un proyecto de ley de unión civil en la Legislatura porteña. El proceso fue arduo, con oposición de instituciones como la Universidad Católica Argentina. El debate en la Legislatura el 12 de diciembre de 2002 fue tenso, con intentos de romper el quórum y una amenaza de bomba por parte de grupos opositores. A pesar de ello, la ley fue sancionada a las 5:25 de la mañana y promulgada el 17 de enero de 2003.
El 18 de julio de 2003, Marcelo Suntheim y César Cigliutti (CHA) se convirtieron en la primera pareja de hombres latinoamericanos en unirse civilmente, en una ceremonia televisada con gran repercusión. Poco después, María Rachid y Claudia Castro (FALGBT) también formalizaron su unión. El éxito en CABA impulsó su adopción en otras jurisdicciones, como Río Negro (2003) y ciudades de Córdoba. Estas leyes, aunque no otorgaban todos los derechos del matrimonio, fueron un paso legal y social crucial, demostrando la viabilidad del reconocimiento de parejas del mismo sexo.
La Batalla en el Congreso: Un Debate Apasionado
Con el precedente de las uniones civiles, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) lanzó la campaña nacional «Los mismos derechos, con los mismos nombres». En mayo de 2007, el diputado socialista Eduardo Di Pollina presentó el primer proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en Diputados, con el respaldo de la FALGBT. En octubre de ese año, la senadora Vilma Ibarra presentó un proyecto similar en el Senado, elevando el debate a la Cámara Alta.
El debate parlamentario fue uno de los más «acalorados» y «álgidos» de la historia argentina, extendiéndose por 14 horas en el Senado. Los argumentos a favor se centraron en la igualdad y no discriminación, la ampliación de derechos (incluida la adopción), la naturaleza social y dinámica del matrimonio, y precedentes históricos de lucha por la igualdad. Se destacó que el matrimonio es una construcción social que debe adaptarse a la evolución de la sociedad, y que su esencia es el amor y el compromiso.
Los argumentos en contra, liderados por la jerarquía de la Iglesia Católica y sectores evangélicos, se basaron en la defensa de la «familia tradicional» (unión «natural» entre hombre y mujer para la procreación), el supuesto «derecho del niño» a tener padre y madre, y la amenaza de «objeción de conciencia». La jerarquía católica llegó a hablar de una «guerra de Dios» para detener la ley.