En una reciente conferencia de prensa, el Vocero Presidencial Manuel Adorni expuso con claridad y firmeza la nueva postura del gobierno argentino respecto a la política migratoria. La presentación abordó los desafíos actuales que enfrenta el país en materia de migración, los problemas generados por una normativa permisiva y el camino que se propone para regularizar y mejorar esta situación, siempre buscando el bienestar de todos los argentinos y el respeto por la ley.
inicia sesión o regístrate.
En una reciente conferencia de prensa, el Vocero Presidencial Manuel Adorni expuso con claridad y firmeza la nueva postura del gobierno argentino respecto a la política migratoria. La presentación abordó los desafíos actuales que enfrenta el país en materia de migración, los problemas generados por una normativa permisiva y el camino que se propone para regularizar y mejorar esta situación, siempre buscando el bienestar de todos los argentinos y el respeto por la ley.
Sin embargo, como señaló Adorni, en algún momento el rumbo se desvió y la normativa migratoria actual ha generado situaciones que invitan al caos y al abuso, afectando la seguridad y la economía del país.
El vocero presidencial destacó que la legislación vigente permite la entrada casi sin control a inmigrantes, tanto regulares como irregulares, y que las condiciones para la deportación son demasiado flexibles. En los últimos veinte años, ingresaron al país alrededor de un millón setecientos mil inmigrantes irregulares, equivalente a la población de grandes regiones como La Matanza o la provincia de Tucumán.
Además, la permisividad alcanza a personas con antecedentes penales. Según Adorni, cualquier condenado con pena menor a tres años puede ingresar a Argentina. Esto incluye delitos que afectan la seguridad y la convivencia, tales como abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto y robo, entre otros.
Otro problema grave que se mencionó fue el uso abusivo de servicios públicos por parte de inmigrantes que no contribuyen con impuestos. Los llamados "tour sanitarios" son un ejemplo: personas que ingresan al país para recibir atención médica gratuita en hospitales públicos y luego regresan a sus países de origen.
Para dimensionar el gasto, Adorni compartió una estadística contundente: en solo ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros durante el último año. Esta cifra evidencia la presión que la situación actual genera sobre el sistema de salud pública, financiado con recursos de todos los argentinos.
En cuanto a la seguridad, el vocero explicó que, con la normativa vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede permanecer en el país sin ser expulsado. Esto implica que delincuentes continúan viviendo y actuando en Argentina, poniendo en riesgo a la sociedad.
Para ilustrar esta realidad, mencionó que en la ciudad de Buenos Aires, de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto. Estos datos reflejan el impacto directo en la seguridad cotidiana de los ciudadanos y la necesidad urgente de una política migratoria más estricta y eficiente.
Frente a este panorama, el gobierno presidido por Javier Miley ha decidido implementar un cambio profundo en la política migratoria. Las modificaciones apuntan a poner fin a la permisividad que ha facilitado la entrada y permanencia de delincuentes y personas que no respetan las leyes argentinas.
Medidas para controlar el ingreso y permanencia
- Rechazo en frontera: Cualquier persona condenada que intente ingresar por la frontera será rechazada inmediatamente por las autoridades migratorias.
- Expulsión inmediata: Quienes sean sorprendidos ingresando por pasos no habilitados serán expulsados sin demora.
- Sanciones por falsedad: Mentir en la información proporcionada para ingresar al país será causal de expulsión.
Estas medidas buscan hacer de Argentina un territorio inhóspito para delincuentes y personas que no respetan las normas.
Una de las reformas más contundentes es la deportación obligatoria para cualquier persona condenada por un delito, sin importar la gravedad. Además, se acortarán los plazos de los procesos de apelación para expulsiones, que hasta ahora podían prolongarse indefinidamente.
La idea es clara: quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias y no podrá permanecer en el país.
El vocero hizo hincapié en que estas medidas no buscan afectar a los inmigrantes que cumplen la ley y vienen a trabajar honestamente. "Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro", afirmó.
Por lo tanto, el objetivo es distinguir claramente entre quienes aportan al desarrollo de Argentina y quienes actúan al margen de las normas.
Pago por servicios de salud y seguro médico obligatorio
Para evitar abusos en el sistema sanitario, el nuevo régimen establece que los inmigrantes ilegales, así como los residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud que utilicen. Además, quienes ingresen al país deberán presentar un seguro médico que garantice su capacidad de afrontar esos gastos.
Posibilidad de cobro en universidades nacionales
Otra medida importante es la habilitación para que las universidades nacionales puedan cobrar por sus servicios a estudiantes extranjeros, respetando la autonomía universitaria y siempre que así lo decidan.
Requisitos más estrictos para residencia permanente y ciudadanía
El acceso a la residencia permanente y la ciudadanía argentina también sufrirá modificaciones. Para obtener la ciudadanía, será necesario residir de forma continua durante dos años en el país, sin abandonar el territorio nacional.
Esto implica que quienes entren o permanezcan en situación irregular ya no serán recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora. La intención es que la nacionalidad argentina se otorgue solo a quienes demuestren un compromiso real y respeten las normas.
Para cerrar su intervención, Manuel Adorni invitó a reflexionar sobre el espíritu que debe guiar la política migratoria. Recordó cómo, en los mejores momentos de la historia argentina, muchos abuelos y bisabuelos llegaron dispuestos a sembrar un futuro de prosperidad.
"Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes."
El mensaje es claro: Argentina quiere volver a ser un país que recibe con los brazos abiertos a quienes desean colaborar dentro del marco de la ley, pero también tiene la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas.
Así, se busca honrar la historia y volver a hacer a Argentina grande otra vez, recuperando el equilibrio entre apertura y seguridad, crecimiento y orden.