La República Argentina hizo una presentación formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen bolivariano de Nicolás Maduro. En la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya solicitó al tribunal internacional que actúe de manera "expeditiva" ante los abusos graves que hace el poder en Venezuela y que se agravaron desde que se ignoró y vulneró el resultado popular de las elecciones de mitad del año pasado.
El representante argentino dijo que desde la fraudulenta elección del 28 de julio de 2024 -en la que Maduro desconoció su derrota y se perpetuó en el poder- se agravaron las condiciones impuestas por el régimen bolivariano en Venezuela. Detalló detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y crímenes contra la humanidad.
Por eso, la Argentina pide una investigación que debe ser tan rigurosa como expeditiva y, por lo tanto, debe estar acompañada por órdenes de arresto internacional contra los principales responsables del poder, con Nicolás Maduro en primer lugar.
Amparado en los compromisos internacionales, sellados por el estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 1998, establece en su carta fundacional los delitos en los que puede intervenir expresamente:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
Es en virtud de estos delitos como campo de acción para la Corte Penal Internacional, que en la sesión plenaria de hoy, la Argentina hizo este contundente pedido para con la Venezuela bolivariana y el régimen que comanda Nicolás Maduro. El representante de nuestro pais dijo que los crímenes contra la humanidad en ese país se profundizaron desde el 28 de julio de 2024. En ese momento hubo elecciones nacionales que consagraron ganador al opositor González Urrutia. Pero la justicia nacional y electoral, controlada por Maduro, desoyó ese pronunciamiento popular. Sin mostrar, al día de hoy, ningún registro válido de la elección, proclamó ganador a Maduro.
Para la Argentina, desde ese mismo momento, se multiplicaron y endurecieron las medidas represivas aplicadas por el poder bolivariano contra los ciudadanos, especialmente, los opositores.
Es por eso, que se pidió la "acción expeditiva" de la Corte Penal Internacional. Que no debe pasar solo por expresar una condena o rechazo al gobierno autoritario de Maduro. Se debe pasar a la acción y para eso, es fundamental, buscar la captura internacional de quien usurpa el poder ilegítimamente desde mediados de 2024, al torcer la voluntad popular expresada en la elección nacional.
Esto implica que las principales figuras del gobierno autoritario bolivariano deberían ser detenidas por Interpol en cualquier circunstancia. No solo Nicolás Maduro. También su número 2, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, más funcionarios y autoridades militares y judiciales de Venezuela.
Ya hace un año, la justicia argentina se pronunció en contra del régimen de Maduro. "Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado, cuanto menos, desde el año 2014 hasta el presente”, citaba el diario español El país, sobre un fallo de la Argentina y agregaba: "Los jueces argentinos se basaron en el principio de “justicia universal” que rige para los casos de delitos de lesa humanidad.
Un año y medio después de haber violentado la voluntad popular y lo dicho por organismos internacionales como la OEA, Maduro sigue en el poder. Asediado ahora por Donald Trump. La Argentina, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, acaba de pedir su inmediata detención.