La Justicia ordenó este miércoles 15 allanamientos en el marco de la causa que investiga una presunta red de cobro de coimas al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, que no incluyen pedidos de detención, se concentran en la búsqueda de celulares y aparatos electrónicos como prueba: nueve se realizan en la Ciudad de Buenos Aires y los seis restantes, en la provincia homónima.
La investigación tiene su origen en los audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se refirió a una operatoria ilegal que habría involucrado supuestos pedidos de dinero a laboratorios proveedores del organismo. En las grabaciones, las sospechas se extienden hacia la secretaria general de la Presidencia, Julio Vitobello, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
La escalada judicial se produce en un contexto político caliente, al día siguiente de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14.00 horas.
Auditoría acelerada y compras opacas
En paralelo a la investigación penal, el Gobierno nacional aceleró una auditoría interna en la ANDIS, tras recibir parte de la documentación incautada en un allanamiento anterior. Fuentes oficiales confirmaron que se está analizando facturas de compras de medicamentos que no fueron registradas en los portales públicos y que se ejecutaron sin la trazabilidad del Ministerio de Salud.
Desde la Casa Rosada afirman tener indicios de sobreprecios y sospechan que no existió un contrato formal con una de las droguerías investigadas, la Suizo Argentina, sino que se habrían utilizado compulsas de precios consecutivas para eludir los procedimientos de compra. El objetivo del Ejecutivo es reformar el esquema autárquico de contrataciones de la agencia para que estas dependan directamente del Ministerio de Salud, realizando las compras de forma directa a los laboratorios.
Se espera que los resultados de la auditoría interna estén listos, como mínimo, después de las elecciones legislativas de octubre, en el marco de una reestructuración más amplia que también abarca la revisión de las pensiones por invalidez derogadas y de una planta de 921 empleados.