Vecinos de Caspalá alzaron su voz frente a una nueva y preocupante intromisión en la provincia por parte de una jueza federal y una fiscal, que decidieron avanzar, fuera del ámbito de su competencia, en acciones que afectan la democracia y atentan contra la autonomía provincial de Jujuy.
inicia sesión o regístrate.
Vecinos de Caspalá alzaron su voz frente a una nueva y preocupante intromisión en la provincia por parte de una jueza federal y una fiscal, que decidieron avanzar, fuera del ámbito de su competencia, en acciones que afectan la democracia y atentan contra la autonomía provincial de Jujuy.
La situación en cuestión, comenzó con un proyecto legítimo y necesario: la construcción de una escuela en la localidad de Caspalá, destinada a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes que habitan en una región aislada, rodeada de una geografía muy difícil. Este proyecto fue impulsado por el gobierno provincial en colaboración con las autoridades y la comunidad local, y respaldado por padres y madres comprometidos con el futuro de sus hijos.
Sin embargo, lo que comenzó como una gestión orientada al bien común fue transformado en un conflicto artificial.
"La oposición inicial de un grupo de vecinos que utilizaba el terreno como cancha de fútbol, se convirtió rápidamente en una operación mediática y política, amplificada por el aparato kirchnerista que, como siempre, fomenta la división y la desinformación", dijeron.
Agregaron que se argumentaron cuestiones que nunca estuvieron en discusión, como supuestas violaciones a derechos de comunidades indígenas o la existencia de restos arqueológicos. Al terreno en el que algunos practicaban fútbol se lo quiso convertir en "patrimonio cultural", según dirigentes y medios de comunicación a los que la educación evidentemente interesa muy poco o nada.
El resultado fue la desactivación de una obra indispensable que llegó a tener un gran avance, incluyendo un digno espacio para la práctica deportiva.
"Lo que agrava esta situación es la actuación de una jueza federal. Según nuestra Constitución, el análisis de eventuales responsabilidades de funcionarios públicos provinciales es competencia de la justicia provincial. De ese modo, las acciones que viene llevando a cabo desde la justicia federal representan una vulneración directa de la autonomía de Jujuy y del orden federal argentino", señalaron, agregando que "cuando la vieja política mete la cola, la que pierde es la gente".
Para Jujuy se buscó un modelo moderno y eficiente de educación pública que garantice calidad y gratuidad. Esta política se gestó especialmente para lugares como Caspalá, donde los indicadores de analfabetismo son espeluznantes. Lamentablemente, el presente y futuro educativo de esa comunidad cayó en las manos equivocadas, apuntaron.
Afirmaron los vecinos que quienes hipotecan el destino de Caspalá es la jueza federal Karina Gregoraschuk, quien le dio la espalda a la educación y resolvió a favor de una cancha de fútbol, donde la venta ilegal y el desbordado consumo de alcohol le ganan "por goleada" al deporte.
En su foja personal, figuran varias denuncias, algunas de ellas irrisorias, como irregularidades en su examen o en términos coloquiales, por copiarse.
Además, pesa sobre ella una denuncia por ingresar a una unidad penal armada y por exhibir una pistola 9mm en audiencias y en clases, amedrentando a testigos y estudiantes de la Universidad de San Luis, donde la llamaban "Pepita la pistolera".
Con semejantes antecedentes, no tenía posibilidad alguna de ser designada jueza federal en Jujuy, de no ser por acuerdos políticos reñidos de ética y moral.
El kirchnerismo residual, también tiene una segunda espada: la fiscal Romina Orsetti. A esta iluminada funcionaria judicial, dijeron, no le correspondía el cargo que hoy ostenta, ya que estaba en sexto lugar en el orden de mérito y competía con otros aspirantes con mayor idoneidad comprobada.
Los que ponen piedras en el camino en Caspalá, "son los mismos que intentaron hundir el proyecto de la escuela de Campo Verde", afirmaron por último.
