El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones -Rigi-, es un mecanismo de facilidades económicas para proyectos que prometan inversiones de 200 millones de dólares en adelante, en sectores como energía, minería, petróleo, turismo e infraestructura. La mayoría de estos rubros no son generadores de gran número de empleos como la industria.
A los proyectos aprobados se les rebaja la alícuota de impuesto a las ganancias de 35% al 25% junto a otras ventajas tributarias. También se les permite importar equipamiento sin pagar tasas y se les otorga una exención de derechos de exportación a partir del tercer año de ejecución. A los cuatro años, si se exportan productos, no están obligados a liquidar divisas en el país. Y el Estado se compromete a mantener una estabilidad de estas reglas por 30 años.
La primera curiosidad que aparece es que más allá de que se prevean inversiones por miles de millones de dólares en los primeros dos años solo están obligados a invertir 80 millones.
Un buen ejemplo para analizar este mecanismo, es lo que acaba de suceder con un megaproyecto minero en la provincia de San Juan. El primer tramo de una inversión anunciada de casi siete mil millones de dólares es la compra del obrador. Y el mismo fue adjudicado por licitación a una empresa china que trasladará la mayor parte de los componentes desde el extranjero. Un oferente argentino quedó relegado ya que presentó un presupuesto mayor.
Aunque sea solo un paso mínimo dentro del proyecto, ya está generando trabajo, pero no en nuestro país y mucho menos en San Juan. Queda en evidencia que de la inversión total solo una parte se volcará en la Argentina.
Desde ya en esta situación de ninguna manera puede criticarse a la empresa minera, que se mueve con la lógica capitalista respetando las normas y facilidades que le otorgaron nuestros legisladores. Particularmente al votar la Ley 27.742, que aprobó este régimen y que no exige proveedores locales y permite la adquisición de equipos, transportes y otros implementos en el exterior.
Por otra parte, en el caso de actividades de extracción de recursos, la Nación presiona con la aprobación de los proyectos a las provincias que poseen el dominio originario de esas materias primas.
Algunas provincias como Jujuy ofrecen algunas ventajas tributarias propias, poniendo como condición la contratación de mano de obra y proveedores locales, pero los emprendimientos con aprobación nacional pueden tomar estos beneficios adicionales o no, según les convenga para sus finanzas.
Atrás de tantas promesas de inversión, que solo en parte quizás se vuelquen en el país, la Argentina según la Ocde en 2025 está entre los últimos países en cuanto a IED (Inversión Extranjera Directa) en América Latina. Apenas algo más de 3 mil millones de dólares contra los 80 mil de Brasil, los 40 mil de México o los 13 mil de Colombia.
La disminución del consumo, el deterioro de la infraestructura productiva y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del rumbo económico, son algunos de los factores que promueven esta poca inversión. Por otra parte, las actividades de explotación de recursos naturales no compensan la pérdida de empleos en los sectores de la industria y el comercio.
Se podría haber elaborado un régimen de incentivos mucho más razonable que claramente beneficie al trabajo argentino. Las rentas extraordinarias que lograrán algunos de los sectores beneficiados no serán compartidas con el Estado por treinta años.
La obligación de asociarse con empresas nacionales, estatales o privadas, la generación de empleos genuinos locales y lo mismo con proveedores deberían haber sido características mucho más deseables. Como lo señalamos cuando analizamos los orígenes de Jemse, las actividades extractivistas deben acompañar con parte de las ganancias, el desarrollo de otros emprendimientos productivos sostenibles más allá del agotamiento de los recursos.
