El Fiscal General de la Acusación Sergio Lello Sánchez emitió una resolución del MPA con el fin de otorgarles un rol activo a las víctimas de delitos.
Entre otras cosas, a través de dicha normativa se fortalece el derecho de las mismas a opinar y ser oídas en lo que respecta a:
a. planteos formulados por la defensa de los imputados donde se impulsa la atenuación de las medidas de coerción personal (por ej. cese de detención, cese de prisión preventiva y/o afectación al régimen de prisión domiciliaria);
b. la eventual celebración de acuerdos de juicio abreviado, suspensión de juicio a prueba, y medidas vinculadas a la aplicación de criterios de oportunidad si como consecuencia de ello, correspondiere la libertad del imputado;
c. dictámenes del Fiscal de Ejecución vinculados a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, régimen preparatorio para su liberación.
De esta forma, se reforzó el paradigma de protección integral de los derechos e intereses de las víctimas.