El ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, Pepe Vargas, rechazó la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal, actualmente en 18 años, y señaló que, de aprobarse en el Congreso brasileño, esa reforma generará "una amenaza para los avances logrados" y hará que la violencia aumente, en lugar de disminuir.
"Nuestro mayor problema en cuanto a derechos humanos es un sector del Congreso Nacional que está defendiendo banderas que significarán retrocesos de derechos humanos si son aprobadas algunas iniciativas", señaló el ministro.
Vargas indicó que las "amenazas" más urgentes en derechos humanos se están dando dentro del Parlamento brasileño que discute entre otros proyectos, la reforma para establecer la reducción de edad de imputabilidad penal a menores, de 18 a 16 años, y la revocación del estatuto de desarmamento.
"En el Partido de los Trabajadores (PT) todos estamos en contra de reducir la imputabilidad en los menores, pero en el resto de los partidos la situación varía. En la oposición pese a que la mayoría está en contra, algunos se mostraron a favor", advirtió.
Para el ministro, de aprobarse el proyecto, se caería en un retroceso. "Esa baja logrará que los jóvenes que cometen crímenes menores vayan a la cárcel, y todos saben que en las cárceles se digitan crímenes organizados. Allí se usará a los menores para que cometan delitos peores luego. En lugar de disminuir la violencia, si se aprueba, va a aumentar. Ese es un riesgo serio", agregó.
Los menores estuvieron en el centro de la agenda política esta semana. Y es que a partir del "Disque 100", línea telefónica utilizada para recibir gratuitamente denuncias en todo Brasil, se evidenció que alrededor de 21.000 menores fueron víctimas de violencia o abusos. Justamente esta semana, la presidenta Dilma Rousseff sancionó la ley que endurece las penas previstas contra la explotación sexual de menores y que impide que los acusados de este delito se beneficien de la libertad bajo fianza, indultos o perdones de condenas.
Pese a que relató orgulloso los logros en la materia como la protección a los menores, la aprobación de la ley de femicidio y la ley que condena la violencia contra las mujeres, también reconoció puntos pendientes y aseguró que "los sectores conservadores obstaculizan el avance de esos puntos".
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El ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, Pepe Vargas, rechazó la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal, actualmente en 18 años, y señaló que, de aprobarse en el Congreso brasileño, esa reforma generará "una amenaza para los avances logrados" y hará que la violencia aumente, en lugar de disminuir.
"Nuestro mayor problema en cuanto a derechos humanos es un sector del Congreso Nacional que está defendiendo banderas que significarán retrocesos de derechos humanos si son aprobadas algunas iniciativas", señaló el ministro.
Vargas indicó que las "amenazas" más urgentes en derechos humanos se están dando dentro del Parlamento brasileño que discute entre otros proyectos, la reforma para establecer la reducción de edad de imputabilidad penal a menores, de 18 a 16 años, y la revocación del estatuto de desarmamento.
"En el Partido de los Trabajadores (PT) todos estamos en contra de reducir la imputabilidad en los menores, pero en el resto de los partidos la situación varía. En la oposición pese a que la mayoría está en contra, algunos se mostraron a favor", advirtió.
Para el ministro, de aprobarse el proyecto, se caería en un retroceso. "Esa baja logrará que los jóvenes que cometen crímenes menores vayan a la cárcel, y todos saben que en las cárceles se digitan crímenes organizados. Allí se usará a los menores para que cometan delitos peores luego. En lugar de disminuir la violencia, si se aprueba, va a aumentar. Ese es un riesgo serio", agregó.
Los menores estuvieron en el centro de la agenda política esta semana. Y es que a partir del "Disque 100", línea telefónica utilizada para recibir gratuitamente denuncias en todo Brasil, se evidenció que alrededor de 21.000 menores fueron víctimas de violencia o abusos. Justamente esta semana, la presidenta Dilma Rousseff sancionó la ley que endurece las penas previstas contra la explotación sexual de menores y que impide que los acusados de este delito se beneficien de la libertad bajo fianza, indultos o perdones de condenas.
Pese a que relató orgulloso los logros en la materia como la protección a los menores, la aprobación de la ley de femicidio y la ley que condena la violencia contra las mujeres, también reconoció puntos pendientes y aseguró que "los sectores conservadores obstaculizan el avance de esos puntos".
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