En medio de la batalla judicial internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para requerir la suspensión inmediata del proceso de discovery a la espera de la apelación de fondo, es decir, la sentencia contra el país por US$16.000 millones.
La presentación de la Procuración del Tesoro solicitó la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.
El objetivo del Gobierno es que esas instancias queden suspendidas hasta que el tribunal resuelva la apelación de fondo presentada por los abogados argentinos.
“En el escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens“, indicó la Procuración del Tesoro en un comunicado.
En la moción de emergencia presentada ante la Justicia de EE.UU, el país advirtió que “la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable" y puede impactar en “la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”.
“La Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, señalaron.
A finales de febrero, el gobierno de Estados Unidos respaldó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y pidió que no la declaren en desacato. Además, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó participar en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal.
“La República Argentina continuará ejerciendo, en el ámbito interno e internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, concluyó el comunicado de la Procuración del Tesoro.