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12 de Julio,  Jujuy, Argentina
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El Gobierno apeló el fallo de la jueza Preska y busca evitar la entrega de acciones de YPF

La Argentina presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para frenar la ejecución de la sentencia que la obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera.

Jueves, 10 de julio de 2025 11:01

El Gobierno argentino apeló este jueves ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena al país entregar acciones de YPF para pagar una sentencia de más de US$16.000 millones, derivada de la expropiación de la petrolera en 2012.

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El Gobierno argentino apeló este jueves ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena al país entregar acciones de YPF para pagar una sentencia de más de US$16.000 millones, derivada de la expropiación de la petrolera en 2012.

Los abogados del país también impugnaron otra decisión judicial que obliga a la Argentina a transferir parte de las acciones de YPF al fondo Bainbridge, en el marco de un juicio por la deuda en default de 2001, por un monto de US$95 millones.

Con esta medida, el Gobierno se adelantó al plazo que tenía Preska para resolver sobre un pedido de suspensión de la entrega de las acciones, rechazado previamente por los demandantes. El lunes 14 de julio vencía el plazo para que la Argentina depositara en custodia el 51% de las acciones de YPF en un banco neoyorquino, en cumplimiento de la sentencia a favor de los fondos Burford y Eton Park.

"Este paso era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora", señaló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien destacó que, si bien el país tiene derecho a apelar, queda por ver cómo reaccionarán la jueza y los acreedores.

Tras el fallo de Preska a fines de junio, la Argentina solicitó la suspensión de la entrega de acciones hasta que pudiera presentar su apelación ante un tribunal superior. En sus argumentos, el país sostuvo que cumplir con la sentencia generaría un perjuicio sin precedentes y recordó que cualquier cambio accionario en YPF debe ser aprobado por el Congreso.

La disputa judicial continúa en un escenario de alta tensión financiera, mientras el Gobierno busca evitar el embargo de uno de sus principales activos energéticos.

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