No es la primera vez que El Tribuno de Jujuy se ocupa de advertir sobre la discriminación y el maltrato que sufren a diario las personas que tienen alguna discapacidad.
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No es la primera vez que El Tribuno de Jujuy se ocupa de advertir sobre la discriminación y el maltrato que sufren a diario las personas que tienen alguna discapacidad.
Confluyen a esta situación, la ignorancia, la falta de empatía, la ausencia de respeto y de sentido común, y también el desinterés de los funcionarios y organismos del Estado por resolver una cuestión que avanza sobre los derechos humanos.
El último ejemplo publicado fue el incidente que sufrió el señor Santos Suruguay, a quien "el dueño" del ascensor urbano que comunica el centro de la ciudad con el barrio Belgrano le impidió usar el vehículo acompañado por su acompañante terapéutica, la perra "Ñu".
El iracundo empleado público, empujó, tiró al piso y rompió la ropa del señor Suruguay.
Culminó el episodio cuando un agente de la Policía de la Provincia intervino providencialmente, logrando tomar los datos del agresor y certificando la exposición policial realizada con copia a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Obviamente, nunca hubo ni respuesta ni un pedido de disculpas.
Vale señalar que la hermosa Golden "Ñu" jamás agredió ni se mostró violenta y frente al ataque a su dueño, se sentó a su lado a lamer sus manos hasta que pudo ponerse de pie, como corresponde a su labor de asistente terapéutica, que a la vez proporciona apoyo emocional y ayuda en la movilidad.
"Ñu está registrada como "perro guía" y tiene en su pretal un tarjeta oficial donde certifica su condición.
Suruguay acudió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, donde fue atendido con corrección, pero le explicaron que ese organismo tiene facultades limitadas y no cuenta con medios suficientes para abordar este tipo de problemáticas.
Ahora, recurrió al gobernador de la Provincia mediante carta documento, solicitando que disponga lo necesario para evitar estos trances.
Este episodio, se repite a diario con los choferes del transporte urbano de pasajeros de media y larga distancia, en bares y restaurantes donde se prohíbe el ingreso que canes asistentes, que son seguramente más correctos y educados que muchos de los dueños o encargados de esos locales, y aún de muchos de los que ingresan libremente, y en cada confitería de las calles céntricas, donde la distribución de mesas en las angostas veredas de la ciudad, obligan a las personas con discapacidad visual, o las que se desplazan en sillas de ruedas o con muletas, a circular por las calles o haciendo equilibrio en los cordones de las aceras.
Ni hablar de los automovilistas que bloquean las rampas de ascenso y descenso en las esquinas.
Certificación
La carta documento solicita con un nivel y un don cívico encomiable, que el Gobernador implemente en Jujuy un sistema provincial de certificación para perros asistentes, que se entregue una constancia oficial de esa condición, que se capacite a los empleados municipales, funcionarios públicos, organismos de control y fuerzas de seguridad, para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.
Y pide quizá en vano que se aceleren las investigaciones de los cientos de denuncias por estos hechos de violencia y discriminación, para que no se repitan.
Es comprensible que tanto el intendente Raúl Jorge, como el gobernador Carlos Sadir, deben concentrar su actividad y decisiones en las múltiples tareas y obligaciones derivadas de sus altas responsabilidades.
Pero no es menos cierto que existen decenas, cientos, de funcionarios y empleados, a quienes les corresponde la responsabilidad de cuidar a estos ciudadanos, observar y hacer observar las Leyes Nacionales Nº 22.431 y 26.858 y la Ley Provincial Nº 6293, hacer valer los derechos que ellas establecen, y velar por una sociedad organizada, empática, de última, al menos civilizada.
Don Santos Suruguay, esperará un tiempo prudencial por una respuesta de los Ejecutivos, porque prefiere confiar en ellos, antes de verse obligado a recurrir a la Justicia ordinaria, para hacer valer los derechos de una parte de la sociedad que hasta ahora, no parece tenida en cuenta. ¿Esperará en vano?.