Ayer familiares y amigos de Ivo Rodrigo Torres reclamaron justicia en la causa que investiga la muerte del joven de 22 años a manos de un efectivo de la Gendarmería Nacional.
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Ayer familiares y amigos de Ivo Rodrigo Torres reclamaron justicia en la causa que investiga la muerte del joven de 22 años a manos de un efectivo de la Gendarmería Nacional.
El hecho sucedió el pasado 6 de febrero en el barrio Praderas del Norte, en la zona sur de la ciudad de La Quiaca, cuando la víctima fue alcanzada por dos disparos de arma de fuego.
El pedido de celeridad en la causa se llevó adelante por la mañana en la plaza Belgrano de la capital jujeña, tras la decisión del juez de Garantías Esteban Hansen. El magistrado el viernes pasado dio lugar al pedido de liberación realizado por el fiscal federal Federico Zurueta, de tres de los cuatros gendarmes involucrados en el hecho.
De esta manera, los uniformados que recuperaron su libertad son Alexander Ezequiel Ghunter (subalferez), Marcos Leonardo Wysnieski y Juliana Carina Enciso (ambos cabos), aunque deberán cumplir con una serie de medidas y continúan en el proceso judicial.
En tanto, que Walter Álvarez (sargento primero) continuará detenido luego de ser inculpado por sus propios camaradas, de ser quien habría disparado a quemarropa al joven Ivo Torres. "Atento a que dos imputados ampliaron su declaración", se dispuso "morigerar la medida cautelar, se retiren los documentos de viaje, presenten una vez a la semana en la comisaría de La Quiaca a los fines de acreditar que se encuentran a derecho y tienen prohibición de salir del país", de acuerdo a la argumentación de la Fiscalía Federal.
Al respecto el abogado de la familia de Ivo Torres, Carlos Sebastián Espada, dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre la resolución adoptada por la Justicia Federal con asiento en la provincia. "Dentro de los supuestos que hacen a la prisión preventiva no es solamente el entorpecimiento de la investigación, sino también tiene que ver con el peligro de fuga. Argumentamos durante la audiencia, que los gendarmes en su condición de tal, no solo conocen exactamente cuáles son los pasos autorizados sino también los pasos no oficiales", comenzó el letrado acerca de las liberaciones de los últimos días.
El representante legal de la familia de Torres, de esta manera, hizo a alusión al peligro de fuga al exterior del país que representa la libertad de los tres acusados. Cabe recordar que el único uniformado detenido, Walter Álvarez, está imputado del supuesto delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad".
Por su parte, los tres liberados, "están imputados por ser partícipes necesarios de este delito. Entendíamos nosotros que no correspondía el cese de detención o la morigeración de las medidas cautelares", agregó Espada.
Los hechos
El pasado 6 de febrero alrededor de las 10, en un sector del barrio Praderas del Norte, en la zona sur de La Quiaca, personal del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional divisó que Ivo Torres circulaba a bordo de una motocicleta desde la frontera, por lo que se inició una persecución.
La víctima trasladaba hojas de coca en estado natural y otros productos que había comprado en la ciudad boliviana de Villazón. Torres se dirigía a la localidad puneña de Barrancas, departamento de Cochinoca, donde trabajaba como albañil y era estudiante de una carrera de nivel terciario.
En esa circunstancia uno de los agentes de la fuerza utilizó el arma reglamentaria y efectuó disparos contra la humanidad del joven, quien según pudo saberse falleció en el lugar.
Dos días más tarde, el 8 de febrero, se realizó la autopsia en la morgue del Poder Judicial de Alto Comedero. La intervención arrojó que Torres tenía dos impactos de bala localizados en la espalda y en la pierna izquierda. Peritos judiciales secuestraron las armas de los cuatro gendarmes, los cargadores y vainas servidas encontradas en la escena, además de realizar pruebas para detectar residuos de pólvora en los uniformados.
Además, de acuerdo a la pericia una de las balas ingresó altura de la axila, provocándole la muerte en el acto. También este diario pudo saber que Criminalística detalló cinco impactos de bala en la motocicleta.
Por ese entonces, el fiscal federal Sebastián Jure formalizó la imputación el 9 de febrero pasado ante la jueza de Garantías Nº 2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, quien había ordenado la prisión preventiva de los acusados por el término de cuatro meses.
Luego el caso quedó en manos del fiscal Federico Zurueta, de la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Complejos, quien finalmente dispuso la libertad de los tres efectivos el viernes último.
