En los últimos días ha cobrado notoriedad el incremento de las familias endeudas con bancos, financieras, prestamistas u otras fuentes.
Según la Fundación Friedrich Ebert, en el país, tenemos unos 20 millones de personas con deudas de las cuales casi 6 millones se encuentran en mora. De estos últimos más de una tercera parte son casi incobrables. En el caso de nuestra provincia sobre casi 300 mil personas con distintos tipos de créditos, unas 80 mil se encuentran atrasados en sus pagos.
Buena parte de estas deudas se fundamentan en la necesidad de financiar compras de alimentos, vestimenta, y servicios, lo cual no es recomendable. Pero si alguien busca crédito para estos fines obviamente lo hace pensando que en algún tiempo mejorarán sus ingresos para poder honrar las deudas.
Desde ya que el crédito es un instrumento válido cuando, precisamente, se trata de ahorro anticipado para acceder, por ejemplo, a bienes o servicios. Y quien lo toma espera cubrir la deuda con la parte de ahorro que le permiten sus ingresos futuros. Pero cuando se financian de este modo gastos cotidianos las cosas toman otro color.
Los intereses que se aplican, en particular por parte de los prestamistas que no son bancarios, son exorbitantes. Y se suma el anatocismo o sea intereses sobre intereses. Y como si esto fuera poco, las maneras de presionar a los deudores incluyen practicas que no deberían aceptarse.
Hasta aquí es una relación entre privados. Y en este punto se pone el acento desde el oficialismo para no hacerse cargo del problema. Incluso algún funcionario ha manifestado que la culpa es de las familias endeudadas.
Sin embargo el Gobierno juega un rol fundamental para castigar a quienes solicitaron créditos. Es que se presiona desde el Ministerio de Economía para que los ingresos pierdan mes a mes su poder adquisitivo. Se solicita a los empresarios que los incrementos salariales siempre se otorguen por debajo de la inflación. Castiga deliberadamente las actividades que podrían dinamizar la actividad económica como la industria, la construcción y el comercio. En resumen, así es muy difícil para las familias generar un mínimo ahorro que facilite ir saliendo de la situación financiera.
De esta manera no es solo una relación entre privados. La responsabilidad del Gobierno y sus medidas económicas es ineludible. No fue "una pistola en la cabeza" lo que llevó a las familias a endeudarse, fueron medidas económicas.
El Gobierno es un participe necesario. La magnitud del endeudamiento lo transforma en un problema social, y, por lo tanto, el oficialismo debe atender la situación.
Seguramente como en otras épocas en las que en al país sucedieron cuestiones similares los agrupamientos de deudores se organizarán para buscar, en conjunto, soluciones frente a quienes prestaron el dinero.
Pero también desde la política es imprescindible que se ofrezcan medidas para resolver la situación social, ya sea desde el ejecutivo como en el legislativo, poder en el cual hay una buena cantidad de proyectos de diversos grupos parlamentarios.
En síntesis, no se trata de un problema entre privados. La tercera parte de esta situación es inevitablemente el Gobierno con sus políticas económicas.
Como lo señaló la Iglesia, "no se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa", todas las partes deben contribuir a la solución. (Rodolfo Tecchi, exrector Unju).
