Sergio Schoklender, uno de los nueve acusados en la causa conocida como Sueños Compartidos, se refirió con ironía a Cristina Fernández de Kirchner antes de que se conozca el veredicto del tribunal. En tono sarcástico, el único de los imputados que decidió pronunciar unas últimas palabras declaró: "No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver".
En su breve intervención, Schoklender agregó: "No tiene importancia el resultado, lo importante es que quedó registrado el valor para esas miles de familias que tuvieron la oportunidad de que sus vidas cambiaran gracias a ese proyecto de obra pública intachable".
El veredicto que se espera para el lunes
El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá el próximo lunes si condena a los nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales. Entre los imputados se encuentran los exfuncionarios Julio De Vido y José López, además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral lleva seis meses de duración y ahora ingresa en su etapa decisiva.
Los pedidos de pena
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
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Para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala: seis años de prisión.
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Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin: cuatro años de prisión.
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Para los exfuncionarios, además, se reclamó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también pidieron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía solicitó que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
Qué pasó con los fondos de Sueños Compartidos
La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.
Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.
Quiénes están acusados
Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados están Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También están imputados exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero.
La investigación apunta a determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el manejo y destino de los fondos. El programa dependía de contrataciones de obra pública para levantar viviendas y hospitales en diferentes provincias.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.
Qué dijeron las defensas
Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados. Uno de sus principales argumentos fue que la causa está prescripta y que, por ese motivo, no corresponde una condena.
El tribunal deberá analizar ahora los argumentos de las partes y determinar si los hechos investigados quedaron probados. También tendrá que establecer, en caso de una condena, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.
El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero. Esa investigación apunta al supuesto recorrido de parte de los fondos que fueron desviados y a su llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
