La Justicia de Jujuy dio un paso más hacia el juicio oral en la causa por la muerte de Gustavo Garay, ocurrida en junio de 2022 dentro del Servicio Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Cinco efectivos penitenciarios están acusados de homicidio calificado en concurso ideal con tortura seguida de muerte, una de las figuras más graves del Código Penal.
El pedido que no fue escuchado
Semanas antes de morir, Garay había denunciado haber sufrido agresiones físicas mientras estaba alojado en la Seccional Cuarta. Esa denuncia derivó en la presentación de un hábeas corpus y en su traslado, por razones de seguridad, al penal de Alto Comedero.
Sin embargo, poco más de dos semanas después, fue reenviado al Penal de Gorriti, la misma unidad que había pedido evitar. Días más tarde apareció muerto en su celda.
La autopsia descartó la primera versión
En un primer momento se manejó la hipótesis de una broncoaspiración vinculada a la ingesta de comida o a la masticación de hoja de coca. Pericias posteriores descartaron esa posibilidad: la autopsia estableció que la causa de muerte fue una asfixia provocada por el ingreso de agua a las vías respiratorias, en un sector del penal que no cuenta con piletas ni instalaciones similares, lo que abre interrogantes sobre cómo se produjo el hecho.
El abogado querellante, Carlos Espada, señaló que existen registros audiovisuales que muestran el momento en que personal del Servicio Penitenciario retira a Garay de su celda para trasladarlo al sector de sanidad, donde finalmente murió. Según el letrado, aún resta determinar con precisión la mecánica exacta de los hechos, algo que quedará sujeto al debate durante el juicio oral.
Audiencia de control de acusación
En la causa se realizó recientemente la audiencia de control de acusación, instancia en la que se revisaron los hechos investigados, la calificación legal aplicada y el conjunto de pruebas reunidas durante la instrucción. Tras esa audiencia, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral, donde los cinco efectivos penitenciarios imputados deberán responder por los cargos que pesan sobre ellos.
