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Destacaron la diplomatura universitaria sobre Ley Lucio

Se trata de una formación para fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Miércoles, 03 de junio de 2026 00:00
PRESENCIAS | ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON DE LA INAUGURACIÓN DE LA DIPLOMATURA, EN LA LEGISLATURA.

Con una amplia convocatoria, recientemente dio inicio la Diplomatura Universitaria "Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley Lucio", una propuesta formativa impulsada por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy, a través del Programa de Formación y Curricularización de los Derechos Humanos, junto a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Jujuy, la Oficina de Niñas, Niños y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno provincial.

La iniciativa constituye un espacio de formación interdisciplinaria destinado a agentes estatales, profesionales, docentes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios vinculados a la promoción y protección de derechos, con el propósito de fortalecer capacidades para la identificación, prevención e intervención ante situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos y corresponsabilidad institucional.

La diplomatura reúne aportes de distintos campos del conocimiento y de la intervención social, promoviendo un abordaje transdisciplinario de las problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias. Desde esta perspectiva, las situaciones de vulneración de derechos son comprendidas como fenómenos complejos que requieren respuestas articuladas entre organismos del Estado, instituciones educativas, equipos de salud, ámbitos judiciales, organizaciones sociales y comunidades.

PARTICIPANTES | DE LA FORMACIÓN TOMAN PARTE TRABAJADORES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES CIVILES.

La propuesta académica se estructura en torno a siete módulos temáticos que abordan la Convención sobre los Derechos del Niño y sus principios fundamentales; Las violencias contra niñas, niños y adolescentes; Las adolescencias en conflicto con la ley penal; La construcción de políticas públicas para las infancias; El Sistema de Protección Integral de Derechos establecido por la Ley nacional 26.061; El sistema de protección local y la figura del Abogado del Niño; y Las estrategias de intervención y articulación institucional para la garantía efectiva de derechos. Asimismo, incluye una conferencia magistral internacional vinculada a los desafíos actuales que atraviesan las infancias y adolescencias en entornos digitales.

Uno de los ejes centrales de la diplomatura consiste en abordar la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, desde una perspectiva integral de derechos humanos. La formación propone comprender esta normativa no como una herramienta aislada, sino como parte de un sistema más amplio de protección conformado por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley nacional 26.061 y el conjunto de organismos responsables de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Desde esta perspectiva, la propuesta académica recupera el cambio de paradigma que implicó el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, promoviendo una mirada que prioriza la prevención, la escucha activa, la participación, el interés superior del niño y la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado en la garantía de derechos.

A lo largo de los distintos módulos se abordan contenidos vinculados a los derechos humanos de las infancias, las distintas formas de violencia, la justicia juvenil, las políticas públicas, el Sistema de Protección Integral y los dispositivos de protección existentes tanto a nivel nacional como provincial.

La diplomatura también propone reflexionar sobre uno de los principales desafíos contemporáneos: transformar los avances normativos en prácticas institucionales concretas capaces de prevenir vulneraciones y garantizar derechos.

En ese sentido, la formación brinda herramientas para la detección temprana de situaciones de violencia, la intervención interdisciplinaria, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de redes comunitarias de protección. Asimismo, promueve la construcción de entornos protectores en los ámbitos educativos, sanitarios, sociales, comunitarios y judiciales, reconociendo que la garantía efectiva de derechos requiere tanto de marcos legales adecuados como de capacidades institucionales para hacerlos realidad.

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