Representantes de organizaciones feministas y de acompañamiento comunitario del Ramal llegaron a la Legislatura provincial, para visibilizar problemáticas vinculadas al acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marta Paniagua de Católicas por el Derecho a decidir junto a Rosa Maldonado de Socorristas en red, expusieron situaciones que "continúan afectando a mujeres y niñas en distintas localidades de la provincia".
Paniagua destacó la presencia de organizaciones del Ramal que trabajan de manera voluntaria acompañando a mujeres en contextos de vulnerabilidad y reclamó una mayor atención hacia las realidades del interior provincial. "Necesitamos que las voces del Ramal sean escuchadas. Si no venimos nosotras a la capital, muchas veces estas problemáticas no son visibilizadas", sostuvo.
Entre las situaciones que denuncian, mencionó dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, prácticas que consideran revictimizantes durante la atención médica, episodios de violencia obstétrica y falta de acompañamiento adecuado por parte del sistema sanitario de la zona.
Por su parte, Maldonado remarcó la vigencia de la Ley Nacional 27.610, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y respetuosas. "Hay derechos conquistados, pero no alcanza con reconocerlos. Es necesario que se garanticen en todo el territorio", expresó.
Las referentes, también reclamaron mayor inversión en salud pública, especialmente en insumos anticonceptivos, medicamentos y recursos humanos capacitados para asegurar la aplicación de la normativa vigente. Asimismo, señalaron que se profundizan las dificultades de acceso, especialmente para quienes viven en localidades alejadas de la capital provincial.
Finalmente, las voceras anunciaron que continuarán impulsando acciones de visibilización y acompañamiento en distintas localidades de Jujuy, con el objetivo de fortalecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y denunciar situaciones de violencia institucional que, afirman, aún persisten.
