Tras una extensa y minuciosa investigación en la causa por el trágico doble homicidio ocurrido en 2025 en el sector de Pozo Cavado dio un paso decisivo hacia su resolución. La Justicia resolvió declarar la apertura del juicio oral y público para los tres implicados en el hecho.
La decisión se tomó al concluir la audiencia de control de acusación, la cual había iniciado el pasado miércoles. En este marco, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 d bajo la dirección del fiscal Luis Marcelo De Aparici, expuso formalmente la contundente hipótesis criminal y la gran cantidad de pruebas recolectadas.
Se supo que los imputados, identificados por sus iniciales como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y., llegarán al banquillo de los acusados bajo cargos sumamente graves. La Fiscalía les atribuye la coautoría y la participación necesaria en los delitos de "doble homicidio criminis causae" (matar para ocultar otro delito o asegurar su impunidad) y "robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, todo en concurso real".
A pedido del fiscal De Aparici, el juez de Control Gastón Mercau dictó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días para los tres sospechosos con el fin de resguardar el proceso judicial de cara al debate oral.
Una de las novedades más destacadas de la audiencia fue el revés judicial para el imputado D.F.M. Este acusado se encontraba cumpliendo la medida cautelar bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin embargo, tras los duros planteos y fundamentaciones presentadas por la Fiscalía, el magistrado resolvió revocarle el beneficio y ordenar su inmediato traslado a una unidad penal del Servicio Penitenciario.
El expediente investiga el violento crimen de L.C.L. y M.N.P., cuyos cuerpos fueron encontrados en la zona rural de Pozo Cavado en 2025. Fuentes judiciales señalaron que este caso se consolidó como uno de los entramados delictivos más complejos y difíciles de esclarecer en la región de los Valles jujeños en el último tiempo.
Para alcanzar la instancia de juicio, los investigadores debieron recopilar centenares de evidencias materiales, pericias técnicas, informes científicos y un robusto listado de declaraciones testimoniales que serán ventiladas durante las audiencias públicas.
Cabe destacar que la familia de una de las víctimas interviene de forma activa en el expediente. El abogado Nicolás Flores, miembro del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA, actúa como querellante particular en representación de la madre de los damnificados, habiendo acompañado formalmente cada uno de los requerimientos y medidas solicitadas por la Fiscalía para asegurar que el caso llegue firmemente a la etapa de sentencia.
