La crisis política que atraviesa Bolivia vuelve a mostrar una de las mayores debilidades de muchas democracias latinoamericanas: la dificultad para aceptar límites al poder. Porque detrás de los bloqueos, las movilizaciones, los cortes de rutas y la creciente tensión interna, ya no parece discutirse solamente un proyecto político o un liderazgo partidario. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: quién controla el Estado boliviano y bajo qué reglas.
La situación se volvió especialmente delicada a partir del enfrentamiento entre el gobierno de Rodrigo Paz Pereira y el sector liderado por Evo Morales, quien conserva una importante capacidad de movilización territorial, sindical y política. Los bloqueos impulsados por sectores afines al exmandatario generan preocupación no solamente por su impacto económico y social, sino también por el precedente institucional que dejan. Porque cuando la presión territorial comienza a reemplazar el funcionamiento normal de las instituciones, la democracia entra en una zona de fragilidad peligrosa.
La crisis actual tampoco puede comprenderse sin observar el punto de partida económico. Bolivia llegó a las elecciones luego de varios años marcados por la caída de reservas internacionales, escasez de dólares, dificultades para importar combustibles, deterioro fiscal y agotamiento progresivo del modelo sustentado en la renta gasífera. A ello se sumó una crisis económica que se transformó en la principal preocupación de los ciudadanos bolivianos.
En ese contexto, el nuevo gobierno heredó un problema estructural mucho más profundo que cualquier coyuntura política: una economía extremadamente informal. Según datos recientes de la OIT, Bolivia registra la tasa de informalidad laboral más alta de América Latina, alcanzando el 82,3% de los trabajadores.
Detrás de esa cifra existe una realidad contundente: más de ocho de cada diez bolivianos viven del comercio informal, pequeñas actividades familiares, transporte, ferias, microemprendimientos o trabajos sin protección social. No dependen de un salario mensual garantizado, dependen de vender algo hoy para poder comer mañana. Por eso cada bloqueo tiene consecuencias mucho más graves que las que reflejan las estadísticas.
Cuando una carretera se corta, no solamente se interrumpe el tránsito. Se detiene el abastecimiento de mercados, se retrasan exportaciones, se encarecen insumos, se paralizan pequeños negocios y miles de familias dejan de generar ingresos diarios.
Diversas entidades empresariales bolivianas han estimado en conflictos anteriores pérdidas superiores a los cien millones de dólares diarios cuando los bloqueos adquieren alcance nacional. Más allá de la cifra exacta de cada episodio, el efecto acumulativo es evidente: menos producción, menos comercio, menos inversión y menos confianza.
A su vez, Bolivia ocupa una posición estratégica en Sudamérica. La crisis impacta directamente sobre corredores comerciales, proyectos de integración física y el comercio regional. Provincias argentinas como Jujuy y Salta mantienen una intensa relación económica y humana con el país vecino. Cada interrupción prolongada genera mayores costos logísticos, retrasos comerciales y dificultades para cientos de empresas y trabajadores de ambos lados de la frontera.
Mientras tanto, el gobierno intenta avanzar con medidas orientadas a estabilizar la economía, recuperar confianza, atraer inversiones y corregir desequilibrios acumulados durante años. Son reformas complejas y políticamente costosas, pero resulta difícil discutir cualquier estrategia de desarrollo cuando la prioridad inmediata pasa a ser destrabar rutas, garantizar abastecimiento o contener nuevas escaladas de conflictividad.
Paralelamente, Evo Morales enfrenta una situación judicial cada vez más delicada. Las investigaciones y procesos abiertos en su contra agregan una dimensión adicional al conflicto político. Morales denuncia persecución; sus críticos sostienen que intenta preservar influencia y capacidad de negociación frente a un escenario judicial incierto. Más allá de la interpretación que cada sector adopte, resulta evidente que la dimensión política, territorial y judicial del conflicto se encuentra hoy profundamente entrelazada.
Pero quizás el problema más grave no sea político, quizás sea económico. Y todavía más profundamente, cultural. Porque mientras Bolivia vuelve a discutir quién controla el poder, el resto del mundo discute inteligencia artificial, automatización, economía digital, industria tecnológica, semiconductores, innovación y productividad.
Mientras otras sociedades intentan insertarse en la nueva revolución tecnológica, Bolivia corre el riesgo de seguir atrapada en conflictos que pertenecen al siglo pasado.
La historia económica demuestra que los países no se empobrecen únicamente por falta de recursos. Se empobrecen cuando pierden oportunidades y no entienden el cambio. Y las oportunidades perdidas rara vez regresan. Cada año de inestabilidad es un año menos de inversión, cada conflicto permanente es una empresa que decide instalarse en otro lugar, cada bloqueo es un emprendimiento que no nace, cada crisis institucional es un profesional que decide emigrar. Y mientras tanto, la violencia, la confrontación y la incertidumbre comienzan a normalizarse. Lo excepcional se vuelve cotidiano, lo inaceptable se vuelve tolerable.
Y la sociedad termina adaptándose a sobrevivir en lugar de progresar. Ese quizás sea el riesgo más peligroso de todos: no el colapso repentino sino la resignación a vivir en un país donde la conflictividad permanente reemplaza al desarrollo, donde la dependencia sustituye a la competitividad y donde las nuevas generaciones dejan de imaginar un futuro mejor porque crecieron viendo que las oportunidades siempre quedan atrapadas en la próxima crisis política. Porque ningún país se vuelve pobre de un día para otro. Primero pierde estabilidad, después pierde inversiones, luego pierde talento, finalmente pierde futuro. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién ganó la disputa por el poder, la pregunta es quién devolverá los años perdidos. Porque el poder siempre encuentra nuevos dueños, pero el tiempo que una nación desperdicia nunca vuelve. Y quizás allí se encuentre la verdadera tragedia de Bolivia. No que algunos dirigentes quieran conservar el poder, no que otros quieran conquistarlo, sino que, mientras todos discuten quién manda, millones de bolivianos siguen esperando algo mucho más simple y mucho más importante: un país capaz de construir futuro.
Y la historia es implacable con los países que desperdician su tiempo, porque los gobiernos pasan, los líderes pasan, las ideologías pasan. Pero las generaciones que crecieron sin oportunidades no regresan jamás.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).
