El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la suspensión preventiva de la cooperativa La Azurduy y la apertura de un sumario por “graves irregularidades” en su funcionamiento y el “permanente incumplimiento” de sus obligaciones.
Según el comunicado oficial, la medida se fundamenta en que la entidad fue utilizada “en desmedro de sus fines asociativos” para el aprovechamiento personal de un selecto grupo de personas que la condujeron durante los últimos años, valiéndose de la misma como un medio para actuar al margen de la ley.
Uno de los puntos más llamativos de la investigación indica que no se pudo acceder a la documentación que acredite la adquisición de dos inmuebles denunciados –donde funcionaban la cooperativa y un merendero–, lo que impidió ejercer las facultades de control y determinar el origen de los fondos para su compra.
Red de parentesco y funcionarios implicados
La fiscalización reveló una estructura montada para el desvío de fondos públicos y la elusión de controles. Entre los delitos y faltas detectados se destacan:
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Conflictos de interés: Funcionarios del FISU (Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana) comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares. Esta red de parentesco se repite en otras entidades vinculadas.
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Conexión política: La cooperativa funciona bajo el control operativo de movimientos sociales y gremiales como el MTE y la UTEP, con quienes comparte sedes físicas, autoridades y correos electrónicos, lo que demuestra que no es autónoma.
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Facturación irregular: Integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismos presiden.
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Proveedores fantasma: Personas ajenas facturan materiales y fletes mediante sociedades sin locales comerciales, depósitos ni vehículos registrados.
Entre los principales señalados figuran Ramona Fernanda Miño (ex presidenta del FISU), su cónyuge Juan Carlos Molina, y un grupo de cinco asociados de apellido Molina que poseen el mismo domicilio. También se menciona al ex presidente y actual síndico Sergio Oseira, el tesorero José Antonio Ruiz Díaz –ambos vinculados al MTE/UTEP– y la ex secretaria Sandra Maestre.
Además, la investigación apunta a Pablo Nicolás Ávalos, ajeno a la cooperativa y secretario administrativo del bloque Ciudadanos Unidos/UCR en la Legislatura porteña, quien junto a sus socios y familiares (Gabriela Vela y Lorena Ávalos) controlaba dos sociedades que le facturaban materiales a La Azurduy.
Suspensiones y facturas apócrifas
Finalmente, se encuentran bajo sumario y suspensión preventiva las autoridades de las cooperativas proveedoras Athenea Construcciones y San José Obrero de Zelaya por obstrucción a la fiscalización y desvirtuación de la figura societaria. Complementariamente, otro proveedor de La Azurduy, Maiza del Pilar SRL, figura en la base de emisores de facturas apócrifas.
El Ministerio de Capital Humano no precisó plazos para la conclusión del sumario, aunque advirtió que las irregularidades detectadas podrían derivar en la disolución definitiva de la cooperativa y en acciones penales contra los involucrados.
