El gobierno de Javier Milei oficializó el aniquilamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante la una resolución que dispone la “cesación de los servicios” que brindaba ese organismo en prestaciones de control de calidad y seguridad de productos de 1.004 áreas de todo el entramado productivo del país.
De esta manera, todas las tareas de supervisión de observación, inspección, examinación y registro de productos garantizadas por la lupa del Estado quedarán en manos de las empresas privadas que los producen, con la consecuente discrecionalidad que ello podría conllevar.
La resolución establece el efecto inmediato de las tareas del INTI a partir de la publicación de ese documento pero a la vez aclara que los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes “serán cumplidos hasta su finalización”.
A la vez dispone un plan de transición para concretar “la finalización de los servicios”, así como también la preservación de todos los registros existentes que dan cuenta de la labor del instituto a lo largo de sus 69 años de funcionamiento.
El listado de los 1.004 controles científicos y tecnológicos que el INTI dejará de hacer afecta a los sectores dedicados a la producción de alimentos, bebidas y nutrición; así como también a la calidad del agua, materiales de construcción y control del fuego.
También afecta al transporte, la producción de automotrices, electricidad, electrónica, software y telecomunicaciones, química, madera, metal y materiales de salud.
Sólo en el área de alimentación, dejarán de realizarse análisis químicos, fisicoquímicos y sensoriales a vitaminas, grasas, aceites, azúcares, alcoholes, carbohidratos, proteínas, carnes, lácteos, cereales, edulcorantes, antioxidantes y bebidas, entre algunos.
Es decir que ya no se detectará, por ejemplo, la presencia de patógenos como la salmonella y la escherichia coli, y no se harán controles microbiológicos a alimentos y envases. Por ejemplo, ya no se sabrá cuáles envases plásticos afectan los alimentos que se guardan en ellos.
También dejará de supervisarse la calidad del agua y no se controlarán los efluentes industriales generados en los procesos productivos. Y en materia de construcción, la seguridad y calidad de los materiales quedarán a criterio de las empresas que los elaboran y venden.
Las explicaciones que dieron las autoridades del INTI para eliminar de un plumazo la amplísima responsabilidad de ese organismo y bajarle el precio al rol del Estado son de lo más indefendibles.
Por ejemplo, dice que “la evolución de las capacidades tecnológicas del sector privado y los cambios en el entorno regulatorio hacen necesario revisar de manera periódica la intervención del Estado”. En otras palabras, lo que las empresas controlan de sí mismas basta y sobra.
También afirma que los controles estatales “pueden derivar en distorsiones del mercado, afectando la libre competencia y desincentivando la inversión privada”. Es decir que los controles objetivos de calidad hacen que los productos sean más caros y que las empresas no quieran invertir por el mero hecho de que no quieren ser controladas.