El juez federal Sebastián Ramos libró este miércoles un exhorto internacional hacia Washington para extraditar a Nicolás Maduro a la Argentina. El magistrado encomendó la “urgente traducción” del escrito y de la documentación anexa del caso acumulada en el expediente. El exmandatario venezolano ya cumplió un mes detenido en Nueva York.
La petición de Ramos encomendó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”.
Extradición de Nicolás Maduro al país: qué dice el pedido de la Justicia argentina
“Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, dice la resolución del magistrado argentino.
Maduro está preso en los Estados Unidos desde acusado de delitos de narcotráfico,conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos. La causa en Argentina fue iniciada por denuncias de refugiados venezolanos que acreditaron haber sufrido torturas, vejaciones. Los denunciantes están representados por el abogado Tomas Farini Duggan.
Por qué piden la extradición de Nicolás Maduro al país
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, querellantes en una causa que tramita en la Justicia federal argentina solicitaron que se haga efectiva de manera urgente la orden de detención internacional y el pedido de extradición del mandatario venezolano, imputado por delitos de lesa humanidad.
El planteo fue presentado por Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), del FADD y de víctimas venezolanas constituidas como querellantes en el expediente que se instruye en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa judicial se originó a partir de denuncias por desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, hechos que —según sostienen los denunciantes— fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen encabezado por Maduro. En ese marco, los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que los crímenes sean juzgados en la Argentina.
Según recordaron en su presentación, la Cámara Federal ya había ordenado recibirle declaración indagatoria al mandatario venezolano y dispuso su captura internacional con fines de extradición. En una resolución dictada en septiembre de 2024, el tribunal ordenó expresamente “librar órdenes de detención y disponer las capturas internacionales con fines de extradición a la República Argentina”.
El pedido de extradición cobra ahora una nueva relevancia a partir de información atribuida a la fiscal general de Estados Unidos y a distintos medios internacionales, que señalan que Maduro habría sido detenido en Caracas y trasladado a territorio estadounidense. De acuerdo con esas versiones, el mandatario sería juzgado en el Distrito Sur de Nueva York en una causa por presunta conspiración para cometer delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.
Ante ese escenario, los querellantes reclamaron que el juez federal Sebastián Ramos active de inmediato el pedido de extradición a través de la Cancillería argentina, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. “Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso”, señalaron en el escrito presentado ante el juzgado.
El objetivo del planteo, subrayaron, es que el imputado “rinda cuentas por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano”, y que se garantice el acceso a la verdad, la justicia y la aplicación efectiva de la ley.
