El constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo esta mañana que "la reforma laboral tiene una sola cláusula constitucional, que es el último artículo de forma, que la eleva al Poder Ejecutivo para su promulgación y su publicación en el Boletín Oficial". Además, calificó a la ley como "esclavista", sostuvo que "no es libertaria sino liberticida" y señaló que representa "un regreso al tiempo feudal".
En diálogo con FM SOL, el abogado aseguró que el contenido de la reforma laboral "es una grosera lesión al artículo 14 bis de la Constitución Nacional" y anticipó que "habrá muchos pronunciamientos de jueces en contra de la ley" que este viernes tendría sanción definitiva en el Senado. "Hablar de modernizar para retrotraer a un modelo feudal me parece una también grosería semántica. Nada de lo que está dispuesto en estas cláusulas soporta el control de constitucionalidad, ya que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están dando tratamiento a un proyecto que destroza las cláusulas de la Constitución Nacional referidas al trabajo incorporadas en la reforma del año 1957 y revalidadas en la reforma del año 94", explicó.
En relación a cuáles cree que son los artículos más graves de la reforma laboral, Barcesat enumeró: "Primero, el de la precarización del horario de trabajo. Me refiero a la conquista histórica de las ocho horas, que hoy día, además, tiende a reducirse, no a incrementarse. Ahí está la libertad, y no en este proyecto, que no es libertario, sino liberticida respecto del trabajo humano. Esto es la esclavitud, al estar en una disponibilidad indeterminada en favor del patrón. También es grave lo que se hace con las indemnizaciones en caso de despido y la culminación de este entuerto es crear un fondo de administración que, paradojalmente, y quizás como venganza semiótica, tiene la sigla FAL, lo mismo que el fusil liviano que se utiliza en la guerra. Esto es una guerra contra el trabajo y el derecho a la jubilación, porque se va a desplazar la parte de la seguridad social hacia un ente que es regulatorio de relaciones comerciales", señaló.
El experto puso en énfasis que "es importante hacerle ver al pueblo que no se trata solamente de ese artículo 44 infame que se va a retirar, porque lo que queda es igualmente lesivo de cláusulas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos". Y, en ese contexto, ejemplificó lo que consideró una de las "más violentas violaciones constitucionales es esta supresión de la justicia del trabajo". "Pasaríamos de 57 tribunales que tienen aproximadamente un caudal de un millón de causas en tratamiento, a solo 10 tribunales, con lo que significa tirar a la calle un enorme número de empleados judiciales y jueces que serán obligados a jubilarse o serán directamente despedidos. Lo que se busca es generar una justicia dócil en la aplicación y asegurarse de que sus decisiones, si fueran en algún sentido favorables a los trabajadores, van a pasar luego por el filtro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es el gran anhelo de todos los empresarios", graficó.
Interrogado sobre la gran cantidad de juicios laborales que tiene el país, afirmó que le "choca hablar de la industria del juicio, ya que habrá casos individuales, pero para esos casos están los tribunales de disciplina, que los hay en todos los colegios de abogados". "Creo que esto es más que suficiente si es que se anota algún desvío particular, pero generalizar y calificar tanto a la justicia como a los abogados litigantes, como industria del juicio, yo no lo admito. Esta es mi visión, yo sé que hay muchos que dicen cosas distintas, pero estoy dispuesto a cualquier debate político-académico o académico-político con quien sea", añadió.
Barcesat criticó el tratamiento exprés que le dio el Congreso a la reforma laboral, al que calificó como "una violención de los reglamentos internos de ambas cámaras legislativas", pero agregó que "otro caso tremendo que es lo que ocurre con la Comisión de Juicio Político, ya que desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el día de hoy no ha tenido una sola reunión". "Eso, pese a que hay más de una docena de pedidos de juicio político contra el presidente y algunos colaboradores de la rama ministerial, y ninguno de ellos ha tenido comienzo de tratamiento, así sea para desecharlo, es de una gravedad inusitada", dijo el abogado.
Consultado sobre si habrá jueces que se animarán a declarar inconstitucional la reforma pese a haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, sostuvo que "sí porque visto de un punto de vista de preservación de la dignidad de su propio trabajo, es la forma de que ellos tutelan a aquellos que han hecho toda la vida, así que claro que creo que va a haber muchos pronunciamientos adversos al cambio de ley, porque tenemos que acostumbrarnos a esto".
