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La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil plantea importantes desafíos para las provincias, que deberán adecuar sus estructuras judiciales y sus sistemas de protección de derechos para garantizar una aplicación efectiva de la normativa. Así lo sostuvo el Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, quien participó de un encuentro de capacitación e intercambio con operadores judiciales y organismos vinculados a la niñez y la adolescencia realizado en la capital provincial días atrás.
El especialista remarcó que el debate público quedó centrado principalmente en la reducción de la edad de punibilidad, aunque consideró que la nueva legislación involucra cuestiones mucho más amplias. "La ley 27.801 trae muchos desafíos más, sobre todo desafíos de implementación para las provincias", afirmó.
El proceso, indicó, "requiere de mucho trabajo, de un largo trabajo, no solamente legislativo, sino judicial, y sobre todo de los sistemas que trabajan con niños, niñas y adolescentes", señaló Morabito, al destacar la necesidad de establecer criterios claros sobre cómo y en qué situaciones deberá aplicarse la normativa.
Prevención y dispositivos
Otro de los aspectos centrales de su análisis estuvo relacionado con las respuestas que el Estado debe ofrecer frente a la conflictividad adolescente. Si bien reconoció que existe una demanda social de mayor seguridad, advirtió que la intervención penal por sí sola no resolverá el problema.
"La seguridad se va a solucionar con mayor prevención antes de que el delito ocurra", afirmó. Y agregó: "Cuando tenemos una ley penal, con la ley penal siempre llegamos tarde, siempre va a haber víctimas y siempre va a haber victimarios".
Asimismo, mencionó problemáticas que requieren atención, como "la violencia sexual, la difusión de videos íntimos, el uso de inteligencia artificial y los conflictos vinculados con las redes sociales, especialmente en ámbitos de encuentro juvenil".
Finalmente, al referirse a la falta de lugares de detención y dispositivos especializados, Morabito sostuvo que la privación de libertad debe constituir el último recurso. En su lugar, propuso "fortalecer las alternativas previstas por la ley y desarrollar mecanismos de intervención adecuados para los adolescentes".
Finalmente, el especialista concluyó que el desafío, será lograr que la implementación del nuevo régimen no se limite a una respuesta punitiva, sino que contemple las diferencias entre provincias y garantice una intervención integral, con prevención, recursos institucionales y respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las realidades provinciales
Uno de los principales puntos planteados por el especialista fue la dificultad de trasladar un mismo modelo de intervención a todo el país sin considerar las particularidades de cada territorio. En un país federal, sostuvo, las provincias presentan diferencias sociales, culturales e institucionales que deben contemplarse al momento de implementar la ley.
“Las provincias son diferentes, las adolescencias responden a distintas idiosincrasias locales”, expresó. En esa línea, advirtió que los conflictos que se registran en Buenos Aires no necesariamente tienen las mismas características que los de Jujuy u otras jurisdicciones.
Por ello, consideró fundamental generar espacios de intercambio entre los distintos poderes judiciales y los equipos técnicos, con el objetivo de compartir experiencias y definir estrategias adecuadas a cada contexto. La ley, que entró en vigencia el 5 de septiembre, ya generó controversias e interpretaciones diversas. Morabito anticipó que podrían surgir planteos de inconstitucionalidad y de incompatibilidad con los estándares internacionales, aunque sostuvo que será necesario analizar las herramientas disponibles para avanzar en su aplicación.
“Creo que futuro va a tener que tener, porque es la ley de fondo, pero vamos a ver cómo las provincias la adecúan”, manifestó.