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El viernes, mientras Santiago Peña (foto) quedaba fuera de la Presidencia, su vice Pedro Alliana juraba para terminar el mandato y el Congreso elegía vicepresidente a Antonio Barrios. Los tres habían llegado a la cúpula del Estado por el conocido como Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana); sin embargo, cuando la crisis de Ueno Bank volvió insostenible la defensa de Peña, la conducción partidaria pudo retirarle su apoyo sin entregar el gobierno. Y eso significa nada más ni nada menos la mano del empresario y expresidente Horacio Cartes que venía impulsado su propia candidatura y seguía presidiendo la ANR. Entonces, aunque la caída de Peña fue vertiginosa, la sucesión dejó a salvo el poder de quienes lo habían llevado hasta allí.
Esa continuidad requiere mirar también a la oposición, porque sería un error presentarla como socia de un acuerdo único. Legisladores liberales y de otras fuerzas promovieron acusaciones contra Peña y Alliana; de hecho, treinta diputados votaron por enjuiciar al entonces vicepresidente, mientras cuarenta y ocho colorados impidieron que el proceso avanzara. Algunos opositores, en cambio, consideraron preferible su asunción: si caían ambos integrantes del Ejecutivo, la Presidencia quedaría en manos del titular del Congreso, también colorado y cercano a Cartes. Más tarde, la elección de Barrios como vicepresidente fue unánime. Hubo, por lo tanto, coincidencias para cubrir la vacancia y evitar otra disputa sucesoria, pero no hay pruebas de un pacto general entre oficialismo y oposición sobre cómo investigar el banco o distribuir responsabilidades.
Lo ocurrido hasta aquí en realidad pertenece a una historia política más larga. El Partido Colorado ha conservado una red territorial capaz de ganar elecciones, organizar mayorías y atravesar conflictos entre sus propias facciones; al mismo tiempo, los gobiernos paraguayos han negociado con sectores opositores para obtener gobernabilidad, en ocasiones mediante acuerdos sobre cargos y espacios institucionales. Eso ayuda a explicar por qué la destitución de un presidente no produjo automáticamente una alternancia. La oposición abrió el debate que el oficialismo ya no pudo contener, pero fue la mayoría colorada la que decidió a quién apartar y a quién preservar.
Detrás de esa maquinaria hay una economía que los paraguayos construyeron trabajando y que ningún dirigente puede adjudicarse como patrimonio propio. La soja, la carne y la energía sostuvieron crecimiento e inversiones durante años; alrededor de ellas operan grandes exportadoras internacionales, frigoríficos, cooperativas, propietarios rurales y transportistas con intereses que no siempre coinciden. A todos, sin embargo, les importa quién decide sobre impuestos, infraestructura, crédito, controles y acceso a mercados. La ANR ha sido un interlocutor estable para esos sectores, mientras sus mayorías permiten convertir acuerdos políticos en decisiones del Estado.
A esa trama se superponen negocios ilegales que aprovechan la frontera con Brasil, los ingresos de droga desde Bolivia y las rutas comerciales que continúan por Argentina. Un juez paraguayo estimó entre US$1.800 millones y US$4.000 millones anuales para un conjunto de actividades criminales que incluye narcotráfico y contrabando; se trata de una aproximación, no una contabilidad comprobada. La penetración política, en cambio, tiene casos verificables: el exsenador colorado Erico Galeano recibió una condena firme por lavado y asociación criminal vinculada con una red de narcotráfico. Eso no convierte a todo productor, banquero o dirigente colorado en parte del delito, pero no impide tratar la economía ilegal como si actuara lejos de las instituciones.
Por eso también conviene distinguir los intereses de los países vecinos de las operaciones de las redes criminales. Brasil comparte con Paraguay la represa Itaipú, inversiones y comercio, mientras organizaciones brasileñas como el PCC utilizan espacios fronterizos para actividades ilícitas; Argentina es un comprador central de la soja paraguaya y participa de la misma hidrovía que las investigaciones internacionales identifican como vulnerable al tráfico. Estados Unidos, por su parte, mantiene cooperación de seguridad con Asunción: sancionó a Cartes por corrupción en 2023, retiró esa designación en 2025 y, tras la destitución, anunció que espera trabajar con Alliana. Son hechos que muestran cuánto importa Paraguay fuera de sus fronteras; ninguno demuestra que Lula o Washington hayan ordenado la caída de Peña.
En la vereda de enfrente, mientras los dirigentes resolvían la sucesión, ahorristas, jubilados, trabajadores y jóvenes universitarios salían a reclamar por el dinero inmovilizado y por las responsabilidades que todavía deben establecerse. Algunos exigían investigar también a Alliana. Ahí aparece el límite de la solución partidaria: conservar una mayoría alcanza para completar un mandato, pero no para devolver por sí sola la confianza en los bancos ni para asegurar que la investigación avance más allá del hombre que perdió protección política.
Paraguay conserva su capacidad productiva y su calificación crediticia que no fue modificada de inmediato, aunque la crisis puede encarecer el financiamiento si persisten las dudas sobre la supervisión y los recursos públicos. En consecuencia, la pregunta clave aquí es si el partido que pudo reemplazarlo con tanta rapidez permitirá investigar, con igual decisión, a todos los que conservaron poder después de su caída.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).
