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Cuando un automovilista estadounidense llena el tanque, paga una parte de la guerra con Irán, mientras que, al revisar su balance trimestral, un accionista de Exxon Mobil puede encontrar buenas razones para estar conforme. Los dos tienen un voto este martes, aunque sólo uno de ellos necesita que Donald Trump le explique por qué la nafta volvió a subir. Y de la respuesta que den en las urnas depende también el margen que tendrá el presidente para cumplir los compromisos que asumió lejos de casa, entre ellos los que más interesan a la Argentina.
Mañana se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, en una elección que suele castigar al partido que gobierna. Trump lo sabe por experiencia propia, porque en 2018 los republicanos perdieron 41 bancas en la Cámara baja y, al mismo tiempo, ganaron dos en el Senado. En aquella elección hubo, por lo tanto, dos respuestas distintas a la pregunta que volveremos a hacernos el miércoles: ¿ganó o perdió el oficialismo?
La encuesta de Reuters/Ipsos cerrada el 26 de octubre le daba a Trump un 32% de aprobación y, entre quienes parecían más dispuestos a votar, los demócratas aventajaban a los republicanos por 53% a 44%. Aunque esos nueve puntos nacionales dicen poco sobre quién se llevará cada distrito, el mismo sondeo ofrece una pista para entender el malestar: el 73% de los votantes consideraba que su costo de vida iba por mal camino.
Ahora bien, ¿a quién le conviene que el petróleo siga caro?
Saudi Aramco, controlada por el Estado saudí, uno de los socios de Washington en la región, ganó US$32.690 millones en el segundo trimestre, un 44% más que un año antes. A su vez, entre julio y septiembre, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP y Total Energies sumaron US$56.000 millones de ganancias netas, tanto por el precio del crudo como por los márgenes que obtuvieron al refinarlo y comercializar sus derivados. De modo que, mientras Trump carga con el costo político de una guerra que encarece la nafta, esas compañías disponen de más dinero para reducir deuda, recomprar acciones y pagar dividendos a sus accionistas.
Para la Casa Blanca, conservar ambas cámaras aún a costa de perder algunas bancas sería un resultado que Trump podría celebrar, ya que seguiría discutiendo el presupuesto con mayorías propias y podría someter al Senado sus candidatos a jueces y embajadores. En cambio, si los demócratas recuperan la Cámara baja, estarán en condiciones de citar funcionarios y abrir investigaciones. Basta imaginar el efecto de una audiencia televisada en la que un secretario de Estado deba explicar cuánto les costó a los contribuyentes la guerra con Irán, justo cuando se conocen las ganancias de las petroleras.
Con una Cámara baja opositora volverá a hablarse de juicio político, aunque entre acusar a un presidente y destituirlo hay una distancia considerable. Para formular la acusación alcanza la mayoría simple de los representantes, mientras que para condenarlo hacen falta dos tercios de los senadores presentes, es decir, 67 votos si concurren los cien. Por eso, aun si los demócratas ganaran ambas cámaras, el efecto más inmediato de perder el Senado se sentiría en los nombramientos: cada vez que Trump quisiera cubrir una vacante judicial o diplomática de primer orden, tendría que conseguir votos opositores.
Vista desde América Latina, una derrota republicana podría producir un efecto inesperado. Cuanto más le cueste a Trump sacar una ley en Washington, más atractivo le resultará sentarse con un presidente de la región y anunciar un acuerdo sobre migración, narcotráfico o acceso a minerales críticos. La dificultad llegará después, porque negociar con otro gobierno corre por cuenta de la Casa Blanca, pero conseguir fondos nuevos para cumplir con lo pactado puede obligarla a volver al mismo Congreso que quiso eludir.
Para la Argentina, tanto una inversión como una ayuda financiera pueden significar el ingreso de dólares, pero en Washington cada una exige una explicación distinta. Si un legislador respalda un crédito para construir un ferrocarril en la Argentina, puede explicarles a sus votantes que por esa vía llegará el cobre que necesitan las fábricas de su estado. En cambio, si respalda una ayuda extraordinaria al gobierno de Javier Milei en vísperas de la elección presidencial argentina de 2027, tendrá que responder una pregunta más difícil de cara a quienes hoy pagan más por la nafta: ¿qué gana Estados Unidos con esa decisión?
Para la Argentina, la elección estadounidense se cruza con la presidencial de 2027. Si Trump pierde las dos cámaras y Milei empieza a caer en las encuestas, ¿cuánto de lo comprometido bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) llegará en los plazos previstos? El proyecto de litio Rincón, en Salta, y el de Southern Energy para exportar gas natural licuado ya tienen planes de inversión aprobados. Un cambio de gobierno deja en pie tanto los derechos que adquirieron las empresas al ingresar al régimen como las obligaciones que asumieron. Otra cosa es conseguir el crédito para la próxima etapa o convencer al directorio de que apruebe una ampliación.
En Washington hay un antecedente que invita a distinguir la minería vs el gas: en agosto de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden, el subsecretario de Estado José Fernández y la canciller Diana Mondino firmaron un memorándum para promover inversiones en minerales críticos y explorar su cofinanciación. Un Congreso demócrata tendría, por lo tanto, razones propias para sostener la cooperación en litio y cobre, aunque podría discutir cuánto dinero público comprometer y para qué proyectos. En cuanto al gas, aquel documento no prometía financiar exportaciones argentinas, de modo que pesarán más los contratos de compra y el crédito que consigan los socios.
Del lado argentino, una caída de Milei en las encuestas tendría consecuencias para la inversión si creciera la posibilidad de que su sucesor desconozca las condiciones pactadas. La ley protege durante treinta años la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria de los proyectos adheridos, pero un banco que presta hoy también calcula cuánto le costaría a su cliente hacer valer esos derechos si el próximo gobierno los discute. Puede cobrarle más caro o exigirle nuevas garantías. Y una empresa que debe cumplir el plan aprobado puede, al mismo tiempo, dejar para después de las elecciones una segunda planta que todavía no se comprometió a construir.
Si Trump sale debilitado y en la Argentina gana terreno una fuerza que propone revisar el Rigi, las inversiones podrían disminuir antes de que cambie una sola ley. Alcanzaría con que se posterguen las ampliaciones y lleguen menos proyectos nuevos. Para Salta y Jujuy, la primera señal podría ser bastante más discreta que la cancelación de una mina: que el proveedor que esperaba una orden de compra para el año próximo reciba, en cambio, un pedido de esperar hasta después de 2027.
En unas horas, los estadounidenses decidirán cuánto poder conservará Trump en el Congreso, mientras quienes evalúan invertir en la Argentina seguirán el escrutinio con otra pregunta en mente: ¿conviene poner el dinero ahora o esperar a que también voten los argentinos?
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).
